Las supuestas negociaciones que se están desarrollando entre autoridades de Gobierno y dirigentes de trabajadores en Chichigalpa, para resolver “de mejor forma” el proceso legal abierto contra sindicalistas acusados de crimen organizado, incendio y otros delitos contra la Alcaldía de ese municipio, llevó al juez Henry Morales a suspender el cómputo del plazo para darles tiempo a negociar, confirmó una fuente judicial.
El pasado 22 de octubre, fecha en que se celebraría la audiencia inicial en dicho caso, se realizó una reunión entre autoridades del poder judicial, la Fiscalía y la Policía, para ver intercambio de prueba y negociar posible salida, para evitar un posible costo político, dijo la fuente.
Como resultado, ese mismo día de forma sorpresiva, el judicial se declaró enfermo y ahora interrumpió el cómputo del plazo argumentando “causa mayor”, según auto firmado por el mismo, el jueves pasado.
Esta medida fue tomada por el judicial para evitar el vencimiento de término, ya que el artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua dice que en delitos graves, con personas detenidas se debe dictar sentencia en tres meses, contados a partir de la primera audiencia, de lo contrario el juez tendrá que ordenar la libertad al reo y seguir el procedimiento.
Esta interrupción es calificada como “burlesca y arbitraria” de parte de Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), porque quienes están sufriendo esta carga y violación a derechos humanos son los detenidos y sus familiares.
“Están hablando con sus familiares para que ya no hablen con nosotros (derechos humanos) ni con los medios de comunicación, porque quieren reducir o simplificar ese proceso judicial. No descartaría una admisión de hechos”, dijo Carrión.
En este caso, el expediente no lo puede asumir ningún juez suplente, porque el juez propietario sigue llegando de lo más normal a realizar sus audiencias y notificó por auto que se reprogramará de acuerdo con la agenda del despacho.
ACUSADOS ESTÁN SANOS, DICE FORENSE DE MEDICINA LEGAL
El juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, notificó por auto a los abogados que los procesados Alexander Javier López Pérez y Pedro José Bonilla Pérez —acusados de crimen organizado, incendio, robo agravado y daño agravado en perjuicio del Estado de Nicaragua, específicamente Alcaldía de Chichigalpa—, gozan de excelente estado de salud y por tanto no corren riesgo inminente de muerte.
“No presentan alteración en su estado de salud… por ser respetuoso a la dignidad humana, derecho a la salud… remito oficio para que trasladen al procesado Pedro José Bonilla al Hospital Lenín Fonseca, para ser valorado por Medicina Interna y ver lo de la insuficiencia renal crónica que dijo su defensa la abogada Aracely España, según remitió el médico forense”, dice en parte el auto del judicial.
Bonilla es uno de los acusados por los disturbios ocurridos en Chichigalpa, el pasado 7 de octubre, cuando pegaron fuego a la Alcaldía de la municipalidad y destrozaron una gasolinera Petronic, además hubo saqueo en ambas instalaciones, según acusó la Fiscalía.
