De vergonzosa calificó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, la aseveración de la representación del Gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que los hechos por delitos comunes son los que imperan en el Caribe Norte.
“Común es la conducta del Estado de violar los derechos humanos”, refirió Carrión, quien cuestionó que cómo se va a ver común que en menos de dos años hayan ocurrido en esa zona más de veinte muertes. Estas cifras presentadas por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) revelan que entre las fechas por el conflicto de la tierra en esa zona del país han sido agredidas 54 personas, de las cuales 24 fueron asesinadas. Mientras cientos de personas han sido forzadas a huir por la situación de violencia.
Carrión expresó que la aseveración de funcionarios del Gobierno en la CIDH el martes pasado amerita preguntarse “¿dónde queda el país más seguro? Que diga qué delincuencia común ha matado a más de veinte personas”.
CALIFICAN DE CRISIS
En un pronunciamiento la organización Swarah señala que la crisis que enfrentan los pueblos de La Moskitia es por la falta de respuesta del Gobierno a la demanda del saneamiento. Esto, dice Swarah, “ha generado la agudización de diversos conflictos y contradicciones que se expresan con un fuerte contenido racial, concebidas de chantajes políticos y avasallamientos”.
“Los comunitarios y pueblos que defienden sus territorios actualmente padecemos un asedio y una represión creciente de parte del Gobierno, (que) pretende someterlos empleando a sus estructuras creadas CLC como paramilitares que amenazan, hostigan y matan”, dice la organización Swarah.
MEDIDAS DE 1,500 PERSONAS
Gonzalo Carrión recordó que la CIDH no otorgaría medidas cautelares a comunidades indígenas, si no estuviera convencida de que está en riesgo la vida de esas personas.
El pasado 15 de octubre la CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de los miembros de las comunidades de Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, donde habitan unas 1,500 personas. La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los asesinatos, amenazas y agresiones de los beneficiarios.
SALIDA DE COLONOS
Los miskitos de Wangki Twi Tasba Raya empezaron a sacar a los colonos de sus territorios para demostrar la existencia de estos. Doce personas fueron entregadas a los derechos humanos del sector. Mientras Ted Omier, presidente territorial de Li Aubra, siguió responsabilizando a Steadman Fagoth de la situación de violencia que les envuelve. El miércoles Fagoth alegó que no sabe nada de armamento, lo que sí sabe es que hay armas de cacería que usan los comunitarios para la caza del sustento diario y son esas armas las que han utilizado.
