Mientras ayer la empresa B2Gold no pudo reiniciar operaciones en la Mina El Limón, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) declaró “improcedente” un recurso de exhibición personal que a favor de los cuatro detenidos por los disturbios en la Mina El Limón presentaron sus familiares. El alegato de la Sala es que los detenidos están ya a la orden de un juez competente.
“B2Gold Mina El Limón falló en el intento por reiniciar operaciones hoy (ayer) por la tarde, pues aún se mantiene un grupo de personas que está bloqueando el acceso a la empresa” , dijo Pablo Venturo, gerente país de B2Gold Nicaragua.
Según Venturo, los protestantes “usando la intimidación no permitieron que nuestros trabajadores que desean reintegrarse a sus labores pudieran hacerlo”.
B2Gold Mina El Limón “mantiene el llamado a todo su personal a presentarse a sus respectivos puestos de trabajo con el propósito de regular las jornadas laborales, al mismo tiempo hacemos el llamado a este grupo de personas que bloquean las operaciones de la empresa a que respeten el derecho al trabajo de las personas que quieren integrarse a sus funciones”, señaló Venturo.
VERSIÓN DE SINDICALISTA
El portón principal de la empresa se abrió desde que B2Gold hizo el anuncio, pero nadie ingresó. William Cáceres, uno de los sindicalistas que tiene orden de captura y que fungía como secretario de asuntos laborales del sindicato Pedro Roque Blandón, aseguró que a nadie se le está impidiendo el ingreso a la empresa.
“Cualquier trabajador que quiera ir a trabajar que lo haga, no lo estamos obligando a que no trabaje, pero sí vamos a mantener los tranques”, dijo Cáceres.
Los pobladores manifestaron que van a continuar las protestas si no liberan a los cuatros detenidos.
RESOLUCIÓN IMPROCEDENTE, DICE CENIDH
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión —quien brinda acompañamiento a las familias de los detenidos—, afirmó que el TAM evade responsabilidad de control constitucional en cuanto a revisar que si los detenidos están presos de forma ilegal o no.
Dice el Tribunal que cualquier reclamo se debe hacer ante un juez, criticó Carrión.
“La resolución que dice ser improcedente el recurso de exhibición personal ella misma se torna improcedente sin el fundamento constitucional porque el recurso de exhibición personal de acuerdo a la Constitución Política no es solamente para proteger la libertad individual si está una persona detenida legalmente, sino también por razones de su seguridad personal”, sostuvo del defensor de derechos humanos.
En representación de los familiares, Douglas Canales demandó “que se nos haga justicia”.
Por los disturbios de la Mina El Limón están detenidos Ramón Useda Olivares, Humberto Felipe Canales, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno.
La demanda de los parientes es que les permitan verlos, demandó Canales, quien sostuvo que el único delito que han cometido es defender los derechos del pueblo de la mina.
Canales dijo que de forma insistente han visitado los tribunales y El Chipote sin que les permitan ver las condiciones de salud de los detenidos.
“Que en el siglo XXI una persona no se pueda ver después de diez días de detenido, hombre, aquí hay algo malo que está pasando en nuestro sistema”, sostuvo Canales.
ORTEGA AHORA CONDENA PROTESTAS
Durante el acto de aniversario del Ministerio de Gobernación, la noche del martes el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, dijo: “¿Qué es condenable la destrucción? ¡Es condenable la destrucción! Y le corresponde a la Policía, a la Fiscalía, a los jueces, a ellos les corresponde ahora pronunciarse dentro del marco de la Ley.
Y agregó Ortega: “Que es condenable que en medio de esas condiciones haya muerto un Policía, un muchacho de 18, 19 años. Que es condenable que les hayan quitado el fusil, pistolas, chalecos a los Policías… ¡Es condenable!”
Las declaraciones del presidente inconstitucional contrastan con su actitud en los años que estuvo en la oposición y “gobernó desde abajo” con violentas asonadas que causaron destrucción y muertos.
Canales aseguró que los antimotines “andan como en cacería de brujas que no saben ni a quién están agarrando”.
Mientras fuentes policiales dijeron extraoficialmente que hay orden de perseguir a todos los líderes de la Mina El Limón hasta dar con ellos.
ACUSACIÓN OSCURA E IMPRECISA
Durante la audiencia preliminar en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, los defensores públicos Yásser Rojas y Léster Calero Sánchez, solicitaron al juez Henry Morales que remitiera a Medicina Legal a César Pulido porque tiene un párpado morado y a Henry Gómez que tiene golpeada la columna, producto, de los golpes y patadas que han recibido de oficiales de policía, según manifestaron los acusados.
Además, solicitaron que los trasladaran al Sistema Penitenciario de León, por cuestiones de humanidad, salud y porque sus familiares están más cerca allá que venir a gastar hasta Managua, pero el judicial no ha resuelto al respecto.
Sobre el rechazo de celebrar la audiencia en Managua y no en León, por razones de competencia, ya que los hechos sucedieron en Malpaisillo, comarca Mina El Limón y no en Managua, el juez Morales dijo que es de su competencia porque los hechos delictivos se planearon en las bancas frente al Estadio Nacional de Beisbol Denis Martínez, en julio pasado y hay una conexidad de delitos.
Además, porque en Managua supuestamente compraron el material para la elaboración de explosivos artesanales que ocuparían en las “actividades delictivas”. “El hecho más grave consistió en la definición de funciones, roles de la planificación y la participación de cada uno de los acusados y se ejecutó en esta ciudad de Managua. El delito más grave es el crimen organizado”, argumentó el judicial.
El abogado Rojas expresó al juez que no se puede ver como crimen organizado el hecho que la empresa B2Gold despidió a algunas personas y que estas realizaron presión para lograr el reintegro, pues se está ante una lucha laboral.
Ambas defensas criticaron que la acusación no reunía los requisitos ya que no era clara, precisa ni circunstanciada, porque no se determina la actuación de cada uno de los procesados. Además hablan de 12 delitos y no los acreditan.
“Hablan de abuso sexual y no hay ningún dictamen legal que lo respalde. Hablan de incendio y no aparece por ningún lado en la acusación. Señalan amenaza con arma de fuego y no dicen a quién amenazaron.
Hablan de exposición de personas al peligro y no dicen a quiénes; acusan de homicidio y no dicen quién mató al oficial Kevin Valle”, alegó Rojas, según acta de audiencia preliminar.
