El nuevo modelo de cooperación internacional impuesto por el presidente inconstitucional Daniel Ortega a todos los donantes, conduce a cerrar los últimos espacios de acceso a fondos de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
Carlos Bedoya, coordinador de Latindadd, dijo que estas acciones “hay que denunciarlas a nivel internacional y usar todos los mecanismos legales que en cada país existan para evitarlo porque es atentar contra el trabajo por exigir sistemas democráticos”.
“En muchos de los gobiernos hay una negativa para dialogar con las organizaciones de la sociedad civil porque se les ve como una amenaza, pero la virtud debe ser encontrar un equilibrio y un diálogo entre la sociedad civil, gobiernos y entidades de cooperación”, dijo.
Latindadd agrupa a 21 instituciones y organizaciones de 21 países en América Latina y se enfoca en sensibilización, capacitación, vigilancia de las políticas públicas, desde la sociedad civil.
Bedoya dice que la situación de los organismos de la sociedad civil críticos a las políticas gubernamentales es similar a nivel latinoamericano donde el ahogo financiero es el mecanismo más utilizado.
“Hay un cerco mediático, en esas condiciones muy duras poco se puede hacer pero hay que seguir luchando. ( ) Donde ya no hay espacios para el diálogo político las campañas ciudadanas de denuncia son la alternativa”, dijo.
BUSCAN SILENCIO
La decisión del Gobierno de cambiar su política de cooperación externa para asumir el total control de la gestión y ejecución de los fondos se conoció a principios de la semana. Uno de los organismos más perjudicados es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esto provocó que la representante residente del PNUD en Managua, Silvia Rucks, anunciara que dejaba su cargo.
Carlos Benavente, representante de la Coordinadora Civil —enlace de Latindadd en Managua— analiza que el recorte de las posibilidades de acceso a financiamientos de los cooperantes externos “es una de las amenazas que enfrenta la sociedad civil” debido a “que es quien tiene la voz crítica y la ha denunciado, y presentado los abusos e irregularidades cometidos por el Gobierno”.
Para Benavente, lo que se busca es el cierre de todos los ONG críticos que aún trabajan en el país, algo que empezó en 2009 cuando inició la salida de las principales agencias de cooperación.
Lo interpreta además como “una estrategia política” de cara a las elecciones de 2016 para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que son apoyadas financieramente por agencias de cooperación externa en programas de fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
“Se puede interpretar que esta decisión es dentro de un contexto electoral, aunque lo claro es que es una estrategia para callar las voces críticas”, dijo Benavente.
150 millones de dólares aproximadamente en la cartera de proyectos aprobados por el Banco Mundial para Nicaragua en los próximos tres años.
BANCO MUNDIAL NO ES AFECTADO
Al cambio de política en la cooperación internacional no afecta al Banco Mundial (BM) porque el sistema de trabajo con Nicaragua siempre ha sido sin intermediarios, dijo a LA PRENSA Humberto López, representante para Centroamérica de ese organismo.
LA PRENSA/L. NAVAS.
“Nosotros no tenemos intermediarios, no usamos intermediarios. Cuando operamos trabajamos directamente y la supervisión (de la ejecución) la hacemos nosotros. Nuestras operaciones cuando empiezan a operar tienen salvaguardas que cumplan las leyes del Banco, son ocho, entre ellas respeto a pueblos indígenas, de respecto al medioambiente, es el Banco que se hace responsable ante la comunidad internacional de que eso va a llegar a cumplirse”, dijo López.
López aclaró que el BM no trabaja con ONG “más allá de que podamos colaborar en algunas cosas ”.
Esto significa, explicó, que si en un programa en operación el Gobierno nicaragüense considera que debe apoyarse en una ONG para ejecutarlo, el Banco no objeta
