Los directivos del Club Social de Estelí piden la restitución de una propiedad de casi 150 metros cuadrados, ubicada del parque central hacia el norte en esta ciudad, que desde la década de los ochenta ocupa la Central Sandinista de Trabajadores (CST).
El notario y también juez suplente de Ocotal, Ernesto Pereira, hizo la escritura pública 317 Venta y desmembración donde José Ortiz Picado, con poder concedido por el dirigente nacional de la CST Roberto González, vendió parte de esa propiedad al delegado de Gobernación de Estelí, Francisco Antonio Boedeker Herrera, por la cantidad de 72 mil córdobas o tres mil dólares, en noviembre del 2012.
El actual presidente del Club Social de Estelí, el médico José María Briones, informó con base en el Registro de bienes inmuebles que esa propiedad ha sido del Club Social desde 1887 y tiene un costo mayor a los cuatrocientos mil dólares.
LA PRENSA buscó en tres ocasiones al delegado de Gobernación Francisco Boedeker, pero siempre dejó esperando. Se le dejó un mensaje con su asistente pero no se comunicó.
La procuradora de Estelí, Diana Gutiérrez, se opuso a la devolución de la propiedad, aduciendo no tener evidencia de la constitución de la directiva del Club Social, que no demostraron que estén debidamente inscritos ante el Ministerio de Gobernación y porque “la propiedad pasó a ser en el asiento cuarto a favor de la CST por expropiación a efecto de la Ley 85”.
DEVOLVER
Sin embargo Uriel Tercero, abogado representante de Briones, dijo que las autoridades deben cumplir la ley vigente y devolverla al Club Social que tiene constitución perpetua. La Ley 209 de Estabilidad de la Propiedad establece en el tercer párrafo del artículo 20 que “las personas jurídicas sin fines de lucro, que ocupen actualmente bienes en virtud de las Leyes 85 y 86 y se determine que prestan un servicio social… les serán aprobadas sus solicitudes de revisión. Se exceptúan los Clubes Sociales, cuyas edificaciones hubiesen sido objeto de asignaciones a personas naturales o jurídicas, en estos casos, deberán cancelarse los asientos registrales y devolverlas a los socios o sus representantes legales”.
AMENAZAN A TALABARTERO
José Ortiz, representado por el abogado Alexis Aguilar, de acuerdo con el poder que hizo el asesor legal de la Alcaldía de Estelí y juez suplente del Juzgado Civil de Estelí, Víctor Ruiz, emprendió un proceso en contra de Fernando García, dueño de una talabartería, y de Gloria Ramírez, otra inquilina de la propiedad.
La juez Local de lo Civil falló a favor de Ortiz, basándose en un contrato de arriendo y está pendiente el desalojo en contra de García y Ramírez.
LA PRENSA intentó obtener la versión del juez suplente de Ocotal, pero no fue posible. Tampoco quiso hablar José Ortiz Picado porque dijo que tiene órdenes de no hablar con los medios de comunicación.
