El abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, parece sorprendido cuando habla de las violaciones a las leyes que cometen en la Asamblea Nacional los mismos diputados. Él es abogado y también docente de Derecho. Y es que desde que el presidente inconstitucional Daniel Ortega asumió el poder en el 2007, cuatro diputados han sido obligados a abandonar su puesto en la Asamblea Nacional por decisión de la mayoría oficialista. Primero fue el exdiputado Alejandro Bolaños Davis, después Xochilt Ocampo, luego Agustín Jarquín y por último y más reciente Brooklyn Rivera. Pero si miramos atrás, también hay otro caso: el exdiputado Arnoldo Alemán.
Álvarez analiza todos estos casos y advierte de los peligros que esto representa para el país y para los mismos diputados a quienes ni su inmunidad los salva de los atropellos que se cometen en el poder legislativo. El abogado considera que los diputados hoy en día están siendo humillados y solo sirven para mantener una imagen falsa ante la opinión internacional.
Recientemente se desaforó al diputado Brooklyn Rivera, ¿cómo ve lo que está ocurriendo en la Asamblea?
La desaforación del diputado Rivera la miro absolutamente ilegal. Y eso se puede constatar fácilmente con la mera lectura de los artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que señalan el procedimiento para la pérdida de la inmunidad. De todas maneras, fijate que yo pienso que solamente señalar el tiempo que se llevaron para privarlo de su inmunidad y para despojarlo de su condición de diputado es casi obvio que hay una violación tremenda de sus derechos. Entiendo que el diputado Castro, basado en un informe de una comisión interinstitucional, solicitó al plenario que le privaran de su inmunidad y que además le quitaran su escaño. Eso es lo que presumo por la información. Normalmente las solicitudes de desaforación son enviadas por autoridades judiciales o por quejas recibidas de particulares, eso dice la Ley Orgánica de la Asamblea. Lo idóneo hubiese sido que esta comisión interinstitucional envíe sus conclusiones de su investigación al Ministerio Público para que analice y si concluye que presta méritos, acusa ante el juez competente y el juez solicita a la Asamblea Nacional la privación de inmunidad.
Pero uno o dos días después salió la Procuraduría General de la República a decir que ellos ya habían iniciado una investigación previa.
Pero igual, la PGR si cree que hay un delito envía a la Fiscalía o ella (PGR), en caso específicamente que la Ley lo autorice, cuando se trata de intereses del Estado ejerce la acción penal el órgano que corresponda y el juez le pide a la Asamblea Nacional que prive de inmunidad al diputado Brooklyn Rivera. No existe en nuestra legislación que la comisión interinstitucional haga las investigaciones y se las pase al jefe de una bancada en la Asamblea Nacional y este dice: “Ve aquí me llegó un informe que me mandó el procurador general y veo que esto es muy grave y por lo tanto pido que se prive de inmunidad y que se prive de su escaño” (a un diputado). Eso no tiene ningún sustento legal.
¿Cómo se debe leer esto que se hizo en la Asamblea?
Eso es una de las actuaciones que el comandante Ortega decide de un total irrespeto al Estado de derecho, a la institucionalidad y le encomienda el trabajo sucio al órgano que en ese momento le parece que es mejor ensuciar. Por ejemplo, vamos a elecciones y desprestigiar más a un órgano electoral… bueno, si cabe, si eso fuese posible, ensuciar más al Consejo Supremo Electoral, entonces decide que mejor lo haga Edwin (Castro). Él (Ortega) lo analiza y determina qué órgano le conviene hacer o pretender disfrazar de legalidad lo que son verdaderas violaciones a la Constitución. Antes consideró que el trabajo sucio lo tenía que hacer el CSE con Jarquín y Ocampo. En este caso supongo que es para no echarle más leña al fuego. Esto no nace del diputado Castro porque no tiene autoridad política ni fundamentación jurídica ni capacidad de ningún tipo para someterlo, esta es una orden que viene del comandante Ortega que es el único que se sabe que es impune totalmente.
Ya que mencionaba los casos de la exdiputada Ocampo y Jarquín, en aquel entonces fue el CSE que decidió la destitución, entonces, ¿ya no se está respetando ningún tipo de procedimientos ni autoridad?
Fijate que en realidad lo que ocurre en la Asamblea es lo mismo que ocurre en todos los órganos del Estado. Ningún poder del Estado actúa de conformidad con las leyes o la Constitución de la República. Todas actúan acatando las órdenes que emanan del comandante Ortega y su señora, Rosario Murillo. Sin importarles si las órdenes violentan o no las leyes. Pero tienen una atracción fatal por violentarlas. Porque a veces pueden realizar algunas actuaciones y conseguir algunos objetivos que se proponen sin necesidad de violentar de manera flagrante y grosera la legalidad, pero escogen hacerlo. Es que al comandante Ortega le gusta humillarlos y le gusta poner en evidencia que ellos son súbditos, subordinados.
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos tres casos y el caso del expresidente Alemán? Porque ahora están comparando mucho ese caso en el que se recolectaron casi medio millón de firmas para desaforarlo.
En el caso del diputado Rivera y de los diputados Ocampo y Jarquín, la diferencia fue el órgano al que le ordenaron cometer el atropello. Con los dos últimos no existía la disposición que introdujeron el año pasado que si hay transfuguismo político sí se pierde el escaño. Entonces fue tan ilegal lo que ocurrió con ellos como lo que ocurrió con Rivera. Con el doctor Arnoldo Alemán yo no recuerdo los detalles del caso, sí te puedo decir que da igual la cantidad de firmas, eso no avala las eventuales violaciones procedimentales que pudieron haberse dado. Yo sí recuerdo que había una solicitud judicial, de entrada, también recuerdo que se destituyó a varios miembros de la junta directiva y habría que revisar si se hizo de conformidad con los estatutos. Fuera de eso, yo no veo mayores ilegalidades, aún considerando que eso no se hizo de la manera correcta, eso no tiene punto de comparación con la grosería que hicieron ahora. Pero si con el doctor Alemán se violaron los procedimientos eso no justifica de ninguna manera que se sigan violando.
¿La Asamblea sigue siendo soberana?
Para mí se comete un error muy grave al creer que el parlamento es soberano, eso no es cierto. Los diputados no toman decisiones, menos esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional tiene déficit horroroso de legitimidad, de funcionalidad y dejan mucho que desear en el desempeño del rol que deben de jugar. Pero lo que quiero decirte es que ni el caso del doctor Alemán ni en los últimos casos se debe justificar diciendo que el plenario es soberano, porque debe actuar conforme la Constitución y cualquier otra cosa que haga, tenga los 47 votos o tenga la unanimidad de los votos, debe respetar el derecho y la legalidad y por lo tanto no se puede estar justificando de esa manera. Un precedente de ilegalidad no justifica las posteriores acciones de ilegalidad en el mismo sentido.
¿Qué mensaje se manda desde una Asamblea donde se hacen las leyes pero no se cumplen?
En realidad la Asamblea Nacional está siendo objeto del más burdo irrespeto del comandante Ortega, pero también hay una autoflagelación, hay una suerte de masoquismo de los diputados del Frente Sandinista que parecen disfrutar esa humillación.
¿Humillante solo para los diputados del Frente Sandinista?
Mirá, sobre todo para los de la bancada sandinista que son los que salen a aplaudir, a avalar y a lanzar vítores a las órdenes que reciben de Ortega para violar la Constitución. No tanto para los de la oposición porque normalmente se oponen. Sin embargo es un menoscabo para toda la institución. Hay un irrespeto a la dignidad institucional de la Asamblea que afecta a todo el mundo. Lo que pasa es que estos han perdido totalmente el menor sentido de institucionalidad y a mí me parece, que también de autoestima. Además que están lesionadas las tres funciones principales que tiene todo parlamento en el mundo: Está la función legislativa, la función de control político y la función representativa.
Da la impresión como que los escaños ya no les pertenecen a los diputados, más bien, uno piensa que son propiedad del FSLN. Está el caso de Alejandro Bolaños Davis que le quitaron la diputación sin ser del mismo partido.
No les pertenecen los escaños a los diputados. Pero una cosa que quiero mencionar es que también los principales acuerdos para dictar leyes muy importantes no los tienen con la oposición parlamentaria, sino con el gremio empresarial. Las principales leyes económicas las discuten con el Cosep y no toman en cuenta para nada a la oposición y eso es una distorsión del Estado democrático del derecho. Todo eso te dice que para el comandante Ortega, la Asamblea no debe legislar y no deben permitirse las condiciones para que la ley tenga toda su majestad, toda su dignidad producto de un procedimiento legislativo diseñado para discutir, contradecir y tranzar. Los escaños ahora pertenecen a los partidos y eso debilita aún más la representatividad porque los diputados lamentablemente se ven más obligados a decidir en defensa de los intereses de sus caudillos, de quien dependen para ir en la lista de diputados y no de sus electores. Y lo que vemos en la práctica violatoria a sus derechos es que el presidente Ortega ordena al CSE o a la Corte Suprema de Justicia que los despoje de sus escaños a los diputados y no es posible encontrar en la Asamblea ningún rol incidente positivo en sus tres funciones fundamentales.
Si no tiene todo esto que usted dice, ¿qué es la Asamblea Nacional?
En realidad no es más que un exhibidor para aparentar que estamos en un Estado de derecho, yo creo que más bien de cara al exterior. Yo creo que el presidente, a nivel interior quiere enviar el mensaje de que la Asamblea Nacional no juega ningún rol de interés y lo dicen explícitamente sus colaboradores. Dicen que ellos se entienden con el Cosep, que tienen un modelo de alianza y de diálogo con el que aprueban algunas leyes y mayor desprecio no pueden demostrarle a la oposición parlamentaria y a la propia Asamblea Nacional. No son solo los diputados liberales, la humillación va para todos. Vos ves al jefe de la bancada sandinista cometiendo atropellos, que aunque los haga con mucho gusto es una labor muy difícil.
¿Cuál es el futuro de un país donde el ejecutivo controla todos los poderes del Estado como pasa actualmente?
El peligro que existe es que no hay un sistema de frenos y contrapesos que es básicamente el rol que cumple un poder legislativo. Todo depende de la voluntad omnímoda de un poder del Estado. Eso lo que significa es que actuás sin límites ni sujeto a ningún tipo de control y tiende a producir de manera casi inevitable, abusos, atropellos, autoritarismo e impunidad y esto al final desemboca en un conflicto social y político. A veces hay quienes se molestan y dicen que habemos quienes nos preocupamos y advertimos de una conflictividad social mayor, pues bien, se seguirán molestando porque esta situación de un poder ilimitado produce violación de derecho, autoritarismo, dictadura y conflictividad social.
¿Los diputados liberales pueden sentirse seguros en sus puestos?
Por supuesto que no. En primer lugar no los dejan hacer nada. Aunque últimamente están mejor con sus miércoles de protesta y tienen una actitud más adecuada a los tiempos duros que vive la democracia en Nicaragua. Pero no solo eso, el estilo de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional es el chantaje, la amenaza, en eso consiste lo del diputado Rivera. ¿Qué es lo que te dicen en cada período actual de sesiones? Lo primero que te meten es el caso de los Cenis. ¿Y por qué no lo evacuan? ¿Por qué decidieron en una sola mañana el caso de Rivera y no el de los Cenis? En primer lugar saben que es un elemento de presión, de chantaje, es una amenaza para tener ahí la espada de Damocles. Eso sumado a que te pueden despojar de tu escaño en cualquier momento. ¿Con los miércoles de protesta qué dijeron? Que les iban a quitar su salario. Entonces, cualquier actuación de lo más normal en cualquier parlamento del mundo en Nicaragua se convierte en objeto de chantaje. Entonces cada vez más los diputados y otros sectores se dan cuenta que tal y como están las cosas en Nicaragua la solución no es dentro de los mecanismos institucionales.
PLANO PERSONAL
Gabriel Álvarez tiene 50 años, está casado y tiene dos hijos.
En junio pasado la UNAN-León le canceló el nombramiento como rector.
Sigue dando clases de derecho y dice que sus alumnos se asustan tras ver las violaciones a las leyes que cometen los diputados.
Ver en la versión impresa las paginas: 4 ,5 ,6
