Los conflictos en la costa Caribe de Nicaragua por la invasión de los colonos a territorio indígena, además de evidenciar la corrupción y autoritarismo del régimen, se suma a la lista de incumplimientos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas.
En un primer momento, los pueblos originarios, indígenas y tribales fueron víctimas de la llamada asimilación, es decir, su inclusión en una sociedad dependía del cambio de sus costumbres ancestrales a esquemas sociales occidentales que derivaban en la extinción de su identidad. El paradigma de la asimilación cambia y se reconoce como objeto de protección la identidad, usos y costumbres de los pueblos originarios indígenas y tribales, lo que implica también el derecho sobres sus territorios ancestrales.
En la región latinoamericana, los territorios indígenas constantemente son usurpados por gobiernos o concesionarios de estos para la explotación minera, forestal y construcción de hidroeléctricas. No obstante, de conformidad al Convenio 169 de la OIT, la explotación de los recursos naturales ubicados en territorio indígenas están condicionados a la consulta previa libre e informada, que si bien es cierto no se establece la obligatoriedad del consentimiento, países como Perú y Colombia lo han establecido legal y jurisprudencialmente.
Ortega suscribió dicho convenio en 2010 y en Nicaragua se otorgó la concesión canalera y otras, sin ningún tipo de consulta. El problema se agrava debido a la ineficacia de la protección judicial de sus derechos, ya que el poder judicial carece de independencia como quedó demostrado en la sentencia que “determinó” la legalidad de la concesión canalera.
Pero la falta de independencia del poder judicial y la corrupción desmedida del régimen no es lo único que ha atizado el problema, sino también la visión corporativista de gobernabilidad que niega per se los derechos indígenas. En el informe presentado por el Cenidh sobre las reformas constitucionales, al hacer referencia a la anulación de la participación ciudadana en la reforma, define al corporativismo como: “la concesión de monopolios de representación a grupos sectoriales formados o reconocidos por el gobierno para que influyan en el diseño de políticas públicas a cambio de la lealtad de sus líderes, control de su agenda y apoyo incondicional al partido. Es un acuerdo de gobernabilidad basado en prebendas con determinados sectores sociales no representativos, que menoscaban la institucionalidad del Estado y hace tomar distancia a este de sus fines elementales”.
La visión corporativista es incompatible con un sistema democrático porque este se funda en el respeto universal a los derechos humanos y el corporativismo solo reconoce derechos a quien se alinea. Esto es lo que se trató de hacer con Yatama y lo que explica el desafuero de Brooklyn Rivera.
El tema de derechos indígenas ha sido muy sensible para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cr IDH). De hecho, contra Nicaragua solo existen tres sentencias donde la Cr IDH determinó la responsabilidad internacional del Estado, dos de las cuales están referidas a derechos indígenas. Si el Estado no adopta medidas para garantizar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, Nicaragua reincidiría en responsabilidad internacional por no garantizar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, tal y como ocurrió en el 2001 en el caso de Awas Tingni.
La escala de violencia en la Costa Caribe se explica desde los derechos humanos porque el Estado no está protegiendo sus territorios ancestrales y tampoco está garantizando una tutela judicial efectiva contra particulares que invaden ese territorio. En este conflicto, cada bala que es disparada, cada herida que se produce, cada vida que es segada, es responsabilidad única y exclusiva del régimen de Daniel Ortega.
El autor es Maestro en Derechos Humanos.
