Alrededor de 250 familias habitantes del precario Triángulo de Solidaridad, en San José, esperan la reconexión del servicio eléctrico suspendido por mora desde la semana pasada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La falta de pago de la factura de dos medidores colectivos, dejó a dos de los cuatro sectores que integran esa cantidad de familias de este precario, pero una de sus líderes, Ana Martínez, informó que enviaron una carta a la CNFL para abordar un acuerdo de pago.
“Esperamos una resolución. En el Triángulo hay 4 sectores, cada sector tiene su medidor colectivo y si sale una cantidad determinada, el pago se distribuye entre todas las casas. Los recibos mensuales por casa nunca se nos baja de 30 mil colones (más de 50 dólares) y hay familias en el Triángulo que no lo pueden pagar”, explicó Martínez.
“Algunos tienen su trabajo y pagan, hay familias que no tienen trabajo y estuvieron pagando empeñando sus pertenencias pero ya no pueden. La Compañía dice que si ofrece un servicio todos tienen que pagar”, añadió.
En este precario viven 522 familias, de las cuales el 67% son nicaragüenses, según un censo estatal, aunque sus mismos habitantes dicen que pueden ser más del 90%. Esta es la primera vez que la CNFL mantiene cortado el servicio por más de una semana, según Martínez. Antes era solo cuestión de dos o tres días. “Hay niños que se van a la escuela sin desayunar y sin el uniforme planchado y en eso no piensa la Compañía. No hay relación humana ahí”, reiteró Martínez.
“Lo malo es que se nos están metiendo grupos vandálicos de León XIII (comunidad vecina y una de las más inseguras de San José) y el domingo hubo balacera que hasta heridos hubo porque los delincuentes se escudan en la oscuridad”, lamentó la líder comunal.
La lenta reubicación de casi 200 familias del precario a otras zonas residenciales del país, dado que ahí el Ministerio de Obras Públicas y Transportes construirá parte de una carretera capitalina, ha dado pie a la morosidad, según la CNFL.
La mora total del asentamiento asciende a 30 millones de colones, es decir, casi 60 mil dólares; según la Compañía, entidad estatal que está abierta a un acuerdo para que los habitantes se comprometan a pagar.
