La “justicia” venezolana no pudo producir fallo distinto al dictado contra Leopoldo López (más de 13 años de cárcel), violatorio de básicos principios legales, porque el control de las cortes y el subsiguiente terrorismo judicial fue una de las metas estratégicas de Hugo Chávez desde el inicio de su monocracia —o (aclarando) poder de uno solo—. Para sustentar lo dicho, recorramos sumariamente la ruta chavista hacia la degeneración del Derecho. En su primer discurso presidencial (2/feb. 1999) el antiguo golpista dijo que “este no es el minuto para la ley, sino para las grandes decisiones políticas”, e inició su asalto al poder judicial, aunque su primer golpe realmente espectacular lo efectuó el 14/6/2004: Ese día una borreguil Asamblea Nacional decidió, por mayoría simple, aumentar de 20 a 32 los magistrados del Tribunal Supremo de “Justicia” (TS“J”).
A partir de entonces, el Tribunal sería un centro de terrorismo constitucional. Los juristas Antonio Cánova, Rosa Rodríguez y otros dos colegas, estudiaron 45,477 sentencias dictadas entre 2004 y 2013: Ninguna fue contraria al régimen. Hoy día “normalmente” los jueces son designados sin concurso de oposición y pueden ser removidos libremente (salvo los genuflexos magistrados supremos, electos por doce años acorde al artículo 264 de la Constitución chavista). A guisa de simple ejemplo, fueron nombrados durante 2010 en ese pervertido sistema judicial un total de 858 jueces temporales, 315 accidentales, 206 provisorios y ningún juez titular, según la CIDH y el TS “J”. A esa precaria estabilidad laboral la acompañan amenazas contra quienes mantienen el decoro profesional.
Recuérdese el caso de la jueza Yuri López, amenazada por operadores políticos chavistas porque desobedeció sus instrucciones de rechazar el amparo interpuesto contra dos miembros de la tenebrosa Fiscalía Nacional por el entonces encarcelado empresario opositor Eligio Cedeño. La jueza y su hijo, amenazados, se exiliaron. Retomó el caso María Lourdes Afiuni, quien (contraviniendo también diktats políticos) ordenó la libertad bajo fianza del reo. ¿Resultado? Fue calumniada, encarcelada, vejada brutalmente y hoy espera (en restrictiva libertad bajo fianza) la conclusión de su “juicio”.
Con Maduro las condiciones empeoraron. Por ejemplo, El TS “J”, rechazó un recurso de amparo (marzo 2014) del Frente Institucional Militar, institución patriótica de militares retirados, opuestos a la sectarización de las Fuerzas Armadas, continuamente utilizadas en actos que exaltan al difunto eterno (Chávez) con banderas y gritos de “Patria, Socialismo o Muerte”, una expresión de tanatofilia común entre los radicales. Pero, burlándose grotescamente de la Constitución (artículos 328 y 330) que prohíbe a las Fuerzas Armadas la militancia política, el servicio a cualquier persona o parcialidad política y simplemente otorga a los militares el derecho al voto, el TS “J” concluyó que todo el circo madurista “Es parte de un proceso progresivo de la consolidación de la unión cívico-militar”, uno de los instrumentos dictatoriales del desaparecido agitador de masas y de su inepto sucesor.
La sentencia contra López, basada en cargos espurios además de impedir las pruebas en su defensa, ha consolidado la figura de un auténtico héroe de la democracia, un ejemplo de firmeza (de él y de su esposa Lilian Tintori) que debe inspirar a los iberoamericanos dignos. En respuesta, lo menos que puede esperarse de las asociaciones de abogados, defensores de los Derechos Humanos, escritores, medios de difusión y partidos democráticos del continente es que se movilicen activamente para que la dictadura venezolana libere a López, o que sufra sanciones reales que aceleren el inevitable final del clepto-socialismo chavista.
El autor es Doctor (Ph.D) en Estudios Internacionales.
