La brutal sentencia contra Leopoldo López, el líder opositor venezolano, deja al descubierto nuevos paralelismos entre Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
En el intento de lógica explicativa de Maduro, semejante adefesio político y jurídico, casi 14 años de cárcel a Leopoldo, serían para mantenerlo “protegido” por ese período. Esta, por ilógica que sea, es la conclusión de lo que Maduro dijo.
Hace pocas semanas compareció en la televisión diciendo que habían capturado a Leopoldo para “protegerlo” de un presunto delincuente que tenía intención de asesinarlo. Y hasta llegó a decir que el exmilitar y presidente del parlamento de ese país, Diosdado Cabello, había entonces ido a hablar con la familia de López para explicarle la razón de la “protección”.
¿Es que ahora le condenan a casi 14 años de cárcel para mantenerle “protegido”?
En una contradicción semejante incurrió Ortega en su discurso con motivo del aniversario de la Policía Nacional. Esta, que no actuó en el momento cuando el “pistolero de la rotonda” disparó en sus narices contra el plantón de quienes reclaman comicios electorales confiables, había presentado al supuesto hechor de los disparos ante un juez, a puertas cerradas y sin acceso a defensores, familiares y medios de comunicación que no fuesen oficialistas, y se divulgó la noticia que el autor de los disparos había actuado por orden de la directora de una ONG… que justo se dedica a prevenir la violencia.
Pues bien, Ortega ha exculpado al que disparó diciendo “luego salió un muchacho ahí, voló cuatro tiros, sé que no quería matar a nadie…” ¿A quién creer? ¿A la versión judicial según la cual el autor de los disparos actuó por instrucción de una ONG, o a Ortega que dice saber, y razones tendrá, “que no quería matar a nadie”? Concluyó: “Eso está claro que no disparó a matar”.
Son contradicciones en que inevitablemente se incurre tratando de justificar lo injustificable.
Pero hay otro paralelismo reciente. En la reunión del Consejo Permanente de la OEA para tratar la solicitud de Colombia de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres que tratara la crisis humanitaria provocada por Maduro en la frontera entre Colombia y Venezuela, el embajador de Maduro dijo que todo era una trama de la “guerra mediática” contra su gobierno revolucionario, y hasta llegó a calificarla, en un intento de erudición, de “guerra de cuarta generación”.
“Guerra mediática”, en un país donde directa o indirectamente el gobierno se ha ido quedando con la propiedad de casi todos los medios de comunicación televisivos y la inmensa mayoría de las radiodifusoras, cancela o amenaza con cancelar las licencias de transmisión a quienes no se alinean, y ha estrechado el cerco contra los medios escritos… algo semejante a lo que ocurre en Nicaragua, y Ortega, en el discurso mencionado, criticó a “los Grandes Medios de Comunicación”… como si acaso no fuese él directa o indirectamente dueño de casi todos los principales medios, en especial del espacio radioeléctrico.
Hay, finalmente, otro paralelismo. En el país sudamericano las fuerzas armadas se llaman Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en una clara identificación con el proyecto gubernamental de Chávez y Maduro, que “privatizaron” a Bolívar, como la “privatización” de Sandino por Ortega. Y cada vez que puede, Maduro llama a esas fuerzas armadas a repeler la agresión del imperialismo y sus aliados externos (Colombia, típica pero no exclusivamente) e internos (la oposición), para reforzar la identificación de las fuerzas armadas con su proyecto, supuestamente revolucionario.
Igual hizo Ortega con motivo del 36 aniversario de la Policía Nacional. No pudiendo inventar una agresión imperialista, inventa un enemigo nacional: los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan, y trata de hacer aparecer a la Policía y al Ejército como “víctimas” de esos pocos medios, y de la oposición desde luego, y como él al mismo tiempo se “victimiza”, intenta provocar una solidaridad de víctimas.
Debemos decirlo a voz alzada: rechazamos la violencia venga de donde venga, y cuando reclamamos por la institucionalidad de la Policía y el Ejército, es precisamente para que sean Ejército y Policía de toda Nicaragua, y no de un partido y una persona como pretende Ortega, lo que inevitablemente llevaría a más violencia, represiva y antigubernamental.
El autor es excandidato a la vicepresidencia
de la República.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
