Hoy se espera que sea presentada a la Asamblea Nacional la iniciativa de reforma a las Leyes 554, Ley de Estabilidad Energética y 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, después que en la tarde de ayer los generadores de energía y el Gobierno llegaran a un consenso.
Dentro de las discusiones de la reforma energética estaba la restricción que, según expertos y empresarios, sufrirían las inversiones en energía renovable, lo que le restaría competitividad al país.
La iniciativa que fue retirada el pasado lunes en su inciso (g) establecía: “Si por efectos de la baja de precios del combustible para la generación térmica es menor que el precio de la generación con fuentes renovables, se deberán ajustar los nuevos contratos a suscribir con los generadores renovables, de tal manera que el precio contratado con el generador será vigente siempre que esté por debajo de la generación térmica”.
Ahora con el consenso se logró que los nuevos contratos estarán sujetos a los precios internacionales de referencia sobre las diferentes tecnologías y ya no dependerá de los precios del combustible, lo que hacía que los contratos fueran menos rentables.
César Zamora, gerente país de IC Power, dijo que la iniciativa original de reforma, de haberse concretado, eliminaba a Nicaragua como un destino para inversión en energía renovable, cuando hay más de treinta inversionistas en energía renovable interesados en invertir al país.
“Nicaragua se ha posicionado en la inversión de energía renovable y con esa reforma se ataba el precio del búnker a cualquier posibilidad de inversión en el país, algo que no entiendo y que no debería de ser, porque nadie está aquí para predecir el precio del combustible”, dijo Zamora.
DISTRIBUIDOR Y GENERADOR
Otras de las preocupaciones del sector energético es que se le autorizara el veinte por ciento de generación de energía que no provenga de hidrocarburos a la empresa distribuidora de energía y que luego esta usara a terceros para entrar al negocio.
Sin embargo, dentro de las peticiones que introdujeron los empresarios, es que la ley dejara un candado para que esto no suceda.
“El negocio de la distribuidora es distribuir y no generar, porque hay suficientes generadores en el país que están dispuesto a invertir, por qué cerrarles la puerta a los generadores y abrirle más el negocio a la distribuidora, no lo vemos claro”, sostuvo.
En el 2013, se vendió el 84 por ciento de las acciones de Gas Natural a la compañía española TSK Melfosur por un valor de 57.8 millones de dólares. El otro 16 por ciento desde el 2009 Unión Fenosa se lo vendió al Estado de Nicaragua por diez millones de dólares.
VENTA DIRECTA DE ENERGÍA A ENACAL
Y en cuanto asignarle un subsidio a Enacal, Zamora lo valora como positivo siempre y cuando puedan hacer una compra directa a los generadores sin necesidad de intermediarios como Disnorte Dissur.
Al cierre de la edición se conoció que en el acuerdo que se llegó entre el Gobierno y los empresarios energéticos, se estableció que cualquier empresa, sea pública o privada, le podrá vender a Enacal, ya que bajo la figura que opera de “Gran Consumidor” le permite hacer acuerdos directos con los generadores, buscando un precio más bajo que pueda negociar.
IRRESPETO A LA ASAMBLEA
El diputado Carlos Langrand, miembro de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) señaló que el hecho de que se haya retirado dos veces la iniciativa de ley del trámite inmediato que solicita el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, prueba que no es necesario dicho “trámite de urgencia”, sino que amerita una consulta de acuerdo al proceso de ley. “A nosotros nos preocupa que la Asamblea Nacional adopte una posición sumisa, una posición apéndice del poder Ejecutivo”, indicó.
La iniciativa de reforma energética, en primer lugar, se debió concentrar en temas claves, como reacomodar la distribución del ahorro energético que hasta el momento lo veo positivo y reconocer que habrá un beneficio a los ciudadanos con el IVA, pero luego se metieron a ver otros temas que ameritan mayor discusión”.
César Zamora, gerente país
de IC Power.
PAREJA PRESIDENCIAL, JUEZ Y PARTE
Con las reformas a las leyes energéticas discutiéndose entre el sector privado y el Gobierno, se demuestra una vez más que el Ejecutivo no respeta la facultad de la Asamblea Nacional de consultar las iniciativas, asegura el diputado Carlos Langrand.
Pero más allá del ya reiterado irrespeto institucional, el diputado Langrand recuerda que la pareja gobernante, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son “juez y parte en los negocios de energía”.
“Todos sabemos que la familia Ortega-Murillo tiene intereses económicos en las plantas generadoras térmica y también en las plantas de energía renovable, entonces están haciendo una legislación a la medida de la familia de Ortega y como el Estado es juez y parte en ese negocio, entonces ellos quieren sacar de la competencia al sector privado”, dijo Langrand, miembro de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli).
La pareja presidencial maneja de manera discrecional los recursos que resultan de la fusión entre la empresa privada Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), y la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), así como empresas de negocio de energía renovable.
