Un día más la Policía Nacional sigue sin enviar a los 12 acusados de supuestamente matar a los cinco policías, el pasado 16 de agosto en una comunidad de Punta Gorda, en Bluefields.
El juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia, confirmó la radicación de la causa en ese juzgado, aunque aclaró que hará la audiencia cuando la Policía Nacional le envíe a los detenidos. “Aquí está radicada la causa, pero la Policía no los ha traído”, dijo Morales.
La abogada Belinda Lacayo, representante legal de Sotero de Jesús Alvarado, uno de los acusados, se presentó ayer ante el juez a preguntar por la audiencia, pero la respuesta fue la misma.
“En el Ministerio Público me dijeron que no hay expediente del caso, pero aquí (juzgados) dicen que ya presentaron acusación, entonces hay una clara detención ilegal, porque ya pasaron las 48 horas que manda la ley para poner al investigado a la orden del juez”, expresó Lacayo.
DELITOS
El Ministerio Público acusó a 12 personas de asesinato, crimen organizado, portación y uso ilegal de arma de fuego y robo agravado por supuestamente haber participado en el crimen contra los cinco policías. La acusación fue presentada desde el 3 de septiembre, según expediente electrónico, aseguró Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Los acusados son Pablo Cruz López, Jerónimo Aguilar Gómez, Gabriel Reyes, Sotero de Jesús Alvarado, Juan de Dios Rodríguez, Eliborío Suazo Calero, Tomás Téllez, Luis Téllez Rostrán, José Flores alias “Chepón”, Carlos Antonio García Méndez, Denis Mendoza y Jairo Oporta.
Pedro Antonio López, pariente de Sotero Alvarado, dijo que a su familiar la Policía le quitó un rifle 22 que está debidamente legalizado y se trajeron la portación del arma también.
SISTEMA JUDICIAL PENAL COLUDIDO
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que el sistema de justicia penal está coludido, porque la Policía tiene toda la arrogancia de violar el procedimiento legal de las 48 horas y demás derechos constitucionales del reo porque sabe que el juez no garantizará los derechos del procesado y la Fiscalía acusará cuando quiera, donde quiera, aunque no sea el juzgado competente.
“El juez lejos de garantizar el debido proceso y los derechos del reo, admitirá la acusación sin declararse incompetente y lo dejará en prisión preventiva y todo bien gracias, aunque sea ilegal”, dijo Cuevas.
El abogado agregó que familiares han llegado a pedir ayuda, porque son gente humilde y no saben de estas cosas y la Policía no les da razón de los detenidos. “Es un reiterado desprecio por la ley”, agregó Cuevas.