Tras fracasar en su intento por llevar la disputa con Venezuela al seno de la OEA, la canciller colombiana no descartó (ayer) recurrir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar al país vecino por la deportación de más de un millar de sus connacionales.
“El secretario general ya conoce la situación y Naciones Unidas debe conocer la dimensión de los atropellos que están sufriendo los colombianos y el órgano competente es el Consejo de Derechos Humanos”, dijo María Ángela Holguín a una radio local.
En las últimas dos semanas más de mil colombianos han sido expulsados o deportados de Venezuela y se calcula que otros diez mil han dejado el país por miedo a represalias.
Sobre el revés sufrido el lunes en la OEA, donde Colombia consiguió 17 de los 18 votos necesarios para que el tema fuera discutido por los cancilleres de los 34 países miembros, Holguín sostuvo que naciones como Haití votaron en contra porque viven del petróleo venezolano.
No obstante expresó su sorpresa por la postura de Panamá que, —según dijo— cambió su voto en el último minuto. “Quienes se comprometieron a apoyarnos cambiaron el voto”, enfatizó.
El gobierno panameño del centrista Juan Carlos Varela planteó que un escenario polarizado no ayudaría en nada a la crisis.
Decreto en vigencia
Ayer entró en vigencia un decreto del presidente Maduro que extendió el estado de excepción a cuatro municipios fronterizos de Táchira, con lo que llegaron a diez las localidades bajo estado de excepción por sesenta días, prorrogable por otros dos meses.
Ello implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como la de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, el libre tránsito y la libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.
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