El Gobierno de Costa Rica declaró oficialmente como ilegal el servicio de transporte Uber, que se solicita por medio de una aplicación desde el teléfono móvil, y hasta ha decomisado al menos dos vehículos.
Uber comenzó a operar en Costa Rica el viernes 21 de agosto, sin aval del Gobierno, y de inmediato la Policía de Tránsito inició los operativos para detectar y sancionar a quienes presten ese «servicio ilegal de transporte público», informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Hasta el momento al menos dos vehículos han sido decomisados en San José.
El viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, indicó en una declaración que los automóviles decomisados están inscritos en la plataforma Uber y que el objetivo de la medida es «mantener el respeto al ordenamiento jurídico» del país.
Los conductores de Uber se exponen a una multa de 103.544 colones (unos 190 dólares), al retiro de sus matrículas y al decomiso de su automóvil, de acuerdo con la Ley de Tránsito y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Urbina explicó que tras una reunión realizada el jueves, los representantes de Uber en Costa Rica afirmaron que no tenían claro el sistema operativo que usarían en este país, pero al día siguiente comenzaron a brindar el servicio.
Uber ha abierto una polémica en Costa Rica, al igual que en diversos países alrededor del mundo, pues permite a cualquier persona utilizar su vehículo particular para transportar a otros y cobrar una tarifa acordada con el cliente.
En Costa Rica la empresa comenzó a operar brindando a los usuarios dos viajes gratis de unos 10 dólares cada uno y se calcula que las tarifas son hasta un 50% más bajas que las de los taxistas formales.
El gremio de taxistas ha pedido al Gobierno que no permita el funcionamiento de Uber por tratarse de competencia desleal y un servicio ilegal, ya que los vehículos no cuentan con pólizas adecuadas ni con los permisos estatales.
El gerente de Uber en Costa Rica, Humberto Pacheco, declaró el viernes a los periodistas que «el servicio de Uber es seguro y legal», porque operaría como «comunidades de autoabastecimiento» y no como servicio público, por lo que no tiene que notificarlo a las autoridades.
Este concepto se utiliza en Costa Rica para brindar principalmente servicios de agua y electricidad en comunidades rurales.
Uber anunció el viernes su disponibilidad en la capital costarricense, con lo que abrió el «segundo mercado Centroamericano, después de Panamá y el dieciseisavo en América Latina».
