La organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) anunció ayer que investigará posibles réplicas del escándalo en la petrolera brasileña Petrobras en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Petrobras está envuelto en un escándalo de corrupción que los fiscales brasileños dicen involucra por lo menos ochocientos millones de dólares en sobornos y fondos ilegales supuestamente realizados por constructoras brasileñas.
En un comunicado, el organismo —fundado en Berlín y con sede en la capital alemana— indica que las investigaciones en curso en Brasil han “evidenciado” los vínculos entre grandes empresas constructoras y el poder político, lo que plantea la posibilidad de “réplicas” de ese modelo de negocios en otros países de la región.
“El escándalo de corrupción alrededor de Petrobras es uno de los más grandes… en la región, no solamente por las cantidades de dinero involucradas y por los vínculos entre las élites política y económica, sino también por el daño que este sistema de corrupción ha significado para la sociedad brasileña… Transparencia Internacional quiere colaborar para asegurar que los responsables rindan cuentas frente a la justicia en Brasil o en otros países de la región”, dijo en el comunicado Alejandro Salas, director para las Américas de la organización.
Pesquisas en Brasil
La justicia brasileña ha abierto investigaciones contra unos cincuenta políticos y otros tantos empresarios sospechosos de sobrevalorar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar los recursos para beneficios de políticos.
Este asunto ha salpicado al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en sus niveles más bajos de popularidad e inmersa en protestas multitudinarias, como las convocadas el pasado domingo en más de doscientas ciudades del país, con unos novecientos mil participantes.
TI cita como ejemplo el caso de Venezuela y señala que cuatro de las empresas investigadas en Brasil recibieron más de treinta contratos gubernamentales en el país en los últimos años, lo que, según las investigaciones de la organización, apunta a una contabilidad opaca y una posible injerencia política.
La investigación de la organización se basa en una simple reclamación de “rendición de cuentas”, apunta Salas, quien recuerda que los siete países mencionados han ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción.
Requieren información
Las secciones nacionales del organismo en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela solicitaron información a los gobiernos locales sobre los contratos otorgados a las constructoras en la última década.
El ámbito a investigar va desde sistema de transporte a infraestructuras de servicios básicos, prosigue la organización, que hace hincapié en el “derecho del ciudadano” a conocer el desarrollo de estas obras.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
