Grecia y sus acreedores han pactado ajustes duros y rigurosas reformas en el tercer rescate al país en cuestiones tan sensibles como las pensiones, exenciones a agricultores y privatizaciones, pero a la vez persiguen darle al programa una dimensión social.
El memorando de entendimiento que finalizaron el martes Atenas y la cuádriga de instituciones, al que tuvo acceso Efe, fija las medidas que tendrá que tomar el Gobierno heleno a cambio de hasta 86,000 millones de euros de la eurozona hasta 2018.
El acuerdo incluye un análisis del impacto social, según aseguró ayer la Comisión, si bien no ha sido publicado aún.
El memorando incluye medidas que son importantes para el Gobierno de Alexis Tsipras en cuanto a la justicia social y por ello Atenas adoptará en marzo próximo medidas para apoyar la creación de empleo para 150,000 personas junto con políticas activas de empleo.
En este septiembre detallará los preparativos para la introducción de un salario mínimo garantizado a partir de abril de 2016 y también el próximo año preparará un plan de acción educativa.
Además, para fomentar la recuperación y la competitividad, Grecia podrá contar con fondos europeos por 35,000 millones de euros. No obstante, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el cuatro y el cinco por ciento del PIB.
METAS IMPUESTAS
Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar superávit primarios del 0.5 por ciento del PIB en 2016, del 1.75 por ciento en 2017 y del 3.5 por ciento en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0.75 por ciento del PIB para 2017 y un 0.25 por ciento en 2018.
Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un treinta por ciento del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro treinta por ciento sería utilizado para pagar obligaciones gubernamentales (financieras) vinculadas al pasado.
MÁS AJUSTES
En lo relativo a las pensiones, el documento establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo de fijarla a los 67 años en 2022, y la identificación y legislación de medidas legislativas que compensen los recortes aplicados en 2012, que el Tribunal Supremo Administrativo declaró anticonstitucionales recientemente.
Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica.
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