Ante la falta de respuesta a los recursos interpuestos en el poder judicial, los ciudadanos nicaragüenses quedan en estado de indefensión y esto ocasiona que los derechos políticos y sociales no puedan ser defendidos, asegura la directiva de la Coordinadora Civil, Luisa Molina.
“Lo único que nos queda es agotar la vía internacional, el último recurso que tienen todos los ciudadanos del mundo. Lo lamentable es que como nicaragüenses tenemos que ir a instancias internacionales porque estamos conscientes de que en nuestro país no existe institucionalidad”, afirmó Molina.
Molina señaló que de esta forma se le impide a los ciudadanos el derecho en el país de una correcta defensa ante los atropellos.
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, indicó que “respuestas (a los recursos) hay lo que pasa es que estas no son de acuerdo al derecho”.
Para Novoa, en el tema de gobernabilidad las instituciones del Estado no actúan de la forma apegada a la Ley, sino por directrices de carácter partidario o según la tendencia por la cual fueron electos sus funcionarios.
JUDICIALIZAR CAUSAS
Aunque el sistema judicial sea sesgado en Nicaragua, para el abogado y diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez, es importante “judicializar las denuncias de violaciones a derechos humanos” o sea que se haga el trámite de llevarlas por el proceso judicial aunque no obtengan respuesta.
Según Núñez, así se sienta un precedente que permite mantener una causa abierta “y que no suceda como en 1990, donde no se judicializaron las causas en contra del régimen sandinista y quedaron impunes”.
Núñez explicó que así, “cuando Daniel Ortega salga del poder, al tener las causas abiertas se podrá recurrir a las instancias internacionales para que le caiga todo el peso de la ley”.
HOY PRESENTAN NUEVO RECURSO
Esta mañana Kitty Monterrey, directora ejecutiva del Partido Liberal Independiente (PLI), presentará un recurso de amparo para cerrar la vía de trámite nacional y así llevar a instancias internacionales dado el señalamiento que ha hecho sobre la violación a sus derechos políticos al ser obstaculizada para participar como candidata a magistrada electoral.
Otros recursos que se han presentado en el último año son los 32 introducidos por la inconstitucionalidad de la Ley del Gran Canal (840) y el amparo del partido Yatama por el fraude en las elecciones regionales de marzo del 2014, el cual fue rechazado.
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