De cuando era niño recuerdo a un cabo de la Guardia Nacional, que pasaba por todas las casas de mi barrio y de puerta en puerta preguntaba: “¿doña fulanita, mandó los niños a la escuela?” Las madres contestaban si los habían mandado o no. Terminaba el guardia su alocución diciendo: “Es que los niños son el futuro de la patria”. Jamás me imaginé que con el correr de los años esa guardia, que mostraba preocupación porque se enviaran los niños a la escuela, después se volviera asesina, cruel, insensible, atroz, y asesinara a cada joven que tuviera trazas de estudiante. El final de esa guardia somocista, lo conocemos, huyó en desbandada y fue sustituida por una Policía “Nacional” (PN), que nació del nuevo gobierno sandinista, y que se autodenominó “centinela de la alegría del pueblo”.
En los primeros años, fueron incontables sus muertes y daños. Pasaron desapercibidas sus fechorías, persecución y muerte de nicaragüenses, porque el país se encontraba en una guerra fratricida. Pero es la misma policía, donde operaba la temible seguridad del Estado, que desapareció físicamente a centenares de humildes campesinos. Basta decir que el gobierno sandinista aprobó la ley de funciones jurisdiccionales de la Policía Nacional, que permitía a cualquier jefe de policía, condenar sin juicio, a cualquier persona, con penas de seis meses hasta dos años de cárcel.
Desde la perspectiva del desarrollo del litigio, de abogado defensor, la única época en que la policía empezó a preocuparse por respetar la ley, observar los plazos constitucionales y legales, y garantizarle a los imputados sus derechos, fue en la época de los gobiernos no sandinistas, cuando habían delegados de gobernación de signo político distinto al rojinegro.
El nuevo ascenso del señor José Daniel Ortega Saavedra al poder, mediante la abdicación y entrega de la democracia que hizo su socio político, señor Arnoldo Alemán Lacayo, se ha visto acompañada de un nuevo repunte de las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía sandinista, quien interpreta que tiene impunidad porque su líder se encuentra en el poder. Solo en este año, para no abundar, se dio la misteriosa muerte del joven rivense, en las celdas del Chipote, investigado por el homicidio de un miembro del Ejército. Luego las represiones a los campesinos que protestan por el Canal Wan Jing-Ortega, la detención arbitraria y escarnio al señor Milton Arcia. La represión a campesinos de Waspam, la paliza a los diputados de oposición y pobladores, quienes protestaban contra el Consejo Supremo Electoral, y a los periodistas que cubrían la noticia. La última fechoría, ha sido el asesinato de dos niños y una joven, más dos párvulos en estado delicado, a quienes ni siquiera auxiliaron habiendo comprobado que eran niños, angelitos inofensivos.
Esta es una policía partidarizada, no profesional, pretoriana, al servicio del gobierno del señor Ortega, quien la instrumentaliza para sus propósitos de aplacar a sangre y fuego cualquier disidencia política. La primera tarea del gobierno de unidad democrática que asuma en el futuro, será despartidizar esta policía, democratizando sus estructuras, reformando la ley orgánica para que no se supedite directamente al gobernante de turno, sino que funcione con profesionalismo, obedeciendo la Constitución, la ley, no la consigna de un partido político. La Policía no es para matar a los ciudadanos, sino para protegerlos, su misión debe ser garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública, a través del combate a la delincuencia, sin emular a los delincuentes, usando racionalmente las armas de fuego.
El autor es presidente de la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (Adanic).
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