Al retiro de las promotoras voluntarias en las Comisarías se suma el de las psicólogas y trabajadoras sociales que, según informaciones extraoficiales, ya existe un ordeno presidencial. Después de esto les han señalado que o se hacen policías o se van a la calle, lo que representará desempleo para varias profesionales.
La coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), Lorna Norori, se preguntó ¿para qué van a servir ahora las Comisarías?
Y señaló que esto es parte de la reorganización de las llamadas consejerías familiares y según Norori esto llevará más carga al Instituto de Medicina Legal, que deberá asumir la atención psicológica de las víctimas y es una forma de hacer creer que disminuyó la violencia.
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, por su parte, manifestó que esto significa que el Gobierno ya está actuando de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer y política de la familia que institucionaliza las Consejerías comunitarias.
Con esto, dijo Jiménez, se falsea la realidad en el país, elimina el modelo de atención integral, se impone el modelo de la familia y tiene como fin no registrar los delitos de violencia. Para Jiménez esto tiene la intención de favorecer la impunidad.
Además, dijo Norori, desde hace rato se viene escuchando que ya no se llaman Comisarías de la Mujer sino de la Familia, lo que es un cambio sustancial. “Y aquí estamos bien claros que se ha venido construyendo esa condición de la unidad familiar y el amor, y cuando hay violencia no hay amor”, sostuvo Norori.
Eso significa que quienes se van a hacer cargo, según el Código de la Familia, son los Gabinetes de la Familia y serán atendidas por las consejerías, “o sea van aconsejar a una mujer que no vaya a presentar denuncia, que busque la unidad familiar (…) es realmente perverso. Esto va a traer como consecuencia que la situación de violencia que viven las mujeres sea invisibilizada”.
NUEVA ESTRUCTURA
En capacitaciones ya les explicaron a las funcionarias en las Comisarías que van a quedar meramente policías. Y en esa nueva estructura el Ministerio de la Familia asumiría la intervención en asuntos de violencia.
Juanita Jiménez señaló que con la salida de psicólogas y trabajadoras sociales se rompe el modelo integral que trabajaban desde las Comisarías, que estableció que no solo el personal policial debía participar en la atención de la violencia, sino que necesitaban personal civil para entender la dinámica, fortalecer a las víctimas, valorar riesgo, entre otros.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
