La noticia les cayó como un balde de agua helada a las sicólogas, trabajadoras sociales y promotoras que han laborado por años en la Comisaría de la Mujer de Granada, al conocer que ya no podrán seguir en la institución por órdenes superiores.
Las mujeres expresaron su temor al desempleo y a que no les paguen lo que por ley les corresponde si emiten algún tipo de opinión al respecto. Bajo anonimato buscaron a los medios de comunicación.
Según explicaron fueron reunidas por un oficial de la Comisaría que les comunicó que es una orientación nacional de suspender a los civiles de la Policía, pero si por casualidad quieren seguir laborando en su puesto tienen la opción de aceptar ser policías y entrar a las filas de la entidad.
“Nos reunieron y nos dijeron que tenemos la opción de ponernos el uniforme de la Policía si nos queremos quedar trabajando, de lo contrario nos tenemos que ir porque ya no habrá función nuestra en la Comisaría”, dijo afligida una de las afectadas.
En la Policía no se logró conseguir información al respecto. Ruth Díaz, asesora legal de Ixchen, consideró que esta estrategia persigue invisibilizar la violencia contra la mujer.
La abogada explicó que los casos menos que correccionales, como amenazas, violencia económica, alimentos y otros, no pasarán por las Comisarías, solo los delitos graves.
Díaz dijo que en Granada se recibe un promedio de 13 a 16 denuncias a diario por diversos delitos, los que ahora serán atendidos por el Ministerio de la Familia, que viene a ser juez y parte en este nuevo proceso de transformación que desea implementar el Gobierno.
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