Una docente y psicóloga denunció desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que desde el 2012 ha sido víctima de una trama con ribetes novelescos, en la que se vieron envueltos dos oficiales de la Policía Nacional junto con una hermana suya, para despojarla de una vivienda en el barrio María Auxiliadora.
Por cerca de año y medio, la psicóloga Gertrudis Alizaga guardó prisión. Ella había sido sentenciada a tres años de cárcel después que fue encontrada culpable por la tenencia de marihuana. Tras una investigación privada su familia logró demostrar su inocencia y la anulación de la condena. Ella asegura que la hierba le fue colocada en su cartera durante una visita a una hermana suya que convive con un oficial de la Policía, a quien ella le había permitido vivir en su vivienda.
En julio de 2011, un reconocido comisionado de la Policía que tiene la profesión de abogado elaboró la escritura de supuesta compra-venta en la que falsificaron la firma de la denunciante.
Pese a que la hermana de la denunciante confirmó fecha y lugar dónde se efectuó la escritura y el comisionado justificó la elaboración de la escritura con que “llegó alguien parecido” a la afectada y el Laboratorio de Criminalística demuestra la falsificación, la Fiscalía nunca acusó y el delito prescribió.
Además de haber sido encarcelada, Alizaga perdió su casa que fue vendida por su hermana. La mujer dijo que ha intentado introducir un documento en el despacho de el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, pero uno de los oficiales implicados está asignado allí y lo ha impedido.
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