Cientos de procesos administrativos se han levantado en contra de medios de comunicación ecuatorianos sin denuncia alguna, únicamente por decisión de una instancia considerada inquisidora, la Superintendencia de Comunicación, la cual actúa como juez y parte contra el medio que opine distinto al presidente Rafael Correa.
En Ecuador también se reportan periodistas muertos, cuya vida se puso en riesgo por realizar investigaciones. El espectro de los medios está dividido en unos treinta medios afines al Gobierno, otra decena en manos del empresario mexicano Ángel González -que también tiene fuertes intereses en medios de comunicación en Nicaragua- y luego grupos minoritarios con dos o tres medios de comunicación.
Estas y más son situaciones que ha vivido de primera mano Mauricio Alarcón-Salvador, director de proyectos de Fundamedios, organización miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
¿Cómo ha sido el ejercicio del derecho a la libre expresión en Ecuador?
El tema de la libertad de expresión no es nuevo en Ecuador, los gobiernos anteriores tampoco han sido garantes de esta libertad fundamental en el país. Siempre se han dado problemas con medios de comunicación, con periodistas, se ha denunciado censura, se ha dado cierre de medios de comunicación. Sin embargo en el último periodo, en estos ocho años de gobierno de Rafael Correa los números hablan por sí solos. Fundamedios realizó su primer monitoreo con base en las amenazas y las agresiones a la libertad de expresión y se presentó un primer informe en el año 2008 que evidenciaba 22 agresiones, 22 amenazas que básicamente consistían en impedimentos de coberturas y agresiones verbales.
La situación ha ido empeorando de manera progresiva al punto que el año pasado superamos las 250 agresiones, amenazas contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos por ejercer su libertad de expresión. Ya no se trata solamente de impedimentos de cobertura y agresiones verbales, sino que en el último tiempo hemos tenido que lamentar asesinatos de periodistas, que hasta el momento se encuentran en la impunidad, agresiones físicas y sobre todo lo que tiene que ver con procesos administrativos y judiciales por ejercer expresión de opinión.
¿Cuál es la cantidad de asesinatos a periodistas?
No es muy alta y es lo que a nosotros nos dicen: ustedes no están al nivel de Honduras, ustedes no están al nivel de México. Pero no creo que sea un tema de cantidad ni mucho menos debamos esperar a que existan muertos para hablar de un problema de libertar de expresión.
Como digo, en el caso ecuatoriano los tres casos que hemos registrado, especialmente en los últimos años se encuentran en total y absoluta impunidad, y se ha levantado fuertemente la sospecha de que son consecuencia de ejercicio periodístico; gente que investigaba casos de corrupción en la Policía o un periodista que investigaba un tema de corrupción y mal manejo de fondos en un canal que se encuentra en manos del Estado.
Entonces no se trata de un tema de cantidad. Ni creo yo que la comunidad internacional deba esperar a que existan muertos para levantar la voz por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en definitiva también es grave que un medio calle, también es grave que un periodista se autocensure.
¿Y el gremio cómo está? ¿Unido?
Eso es parte de la estrategia de los gobiernos, es dividir y crear instancias paralelas. No solo que intentan cooptar lo espacios gremiales poniendo candidatos afines al gobierno nacional, sino que si esa estrategia no les resulta montan una institucionalidad paralela, lo que no ocurre solo con periodistas, ha ocurrido con el gremio de maestros, ha ocurrido con el gremio de los servidores públicos, de los trabajadores, las confederaciones sindicales. Simplemente uno tiene los oficiales y los independientes.
En cuanto a las normas para coartar la libertad de expresión…
Estamos a punto de cumplir dos años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, tanto desde la sociedad civil como desde los organismos internacionales de derechos humanos se alertó de las nefastas consecuencias que podía traer esta ley y ahora los números hablan por sí solos.
Desde que se constituyó la Superintendencia de la Información y Comunicación son más de 350 procesos contra medios de comunicación y periodistas que han derivado en más de 120 sanciones administrativas, que en muchos casos, incluso, rayan en el ridículo. Se sanciona a los medios de comunicación radiales por espacios de opinión porque permite que la ciudadanía a partir de los teléfonos en la emisora se pronuncie sobre determinados temas, se les sanciona por no censurar los comentarios. Entonces la conclusión es que con esta ley a los medios se les sanciona por lo que dicen y por lo que no dicen.
¿Está regulado el internet en Ecuador?
Hace muy poco la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones que en alguna medida busca controlar contenidos en internet. Ha sido una intención que desde hace mucho tiempo la ha mantenido el Gobierno nacional y ha dicho que vía el código orgánico integral penal se quiere controlar la difusión de comentarios y críticas a través de redes sociales.
En el caso de la Ley Orgánica de Comunicación también hay serios límites, fuertes barreras al tema del uso de redes sociales. Se otorga una enorme responsabilidad a los medios por difundir comentarios en redes sociales, que dicen que tienen obligación de verificar que la persona que está emitiendo el contenido efectivamente existe, en caso contrario no difundirlo como tal. Entonces vemos que sí, a través de actos de censura como el utilizar la empresa Ares Rights busca coartar la libertad en internet.
Ante todo este panorama ¿los medios tienen temor o siguen ejerciendo su trabajo aún con estas condiciones?
El hostigamiento a los medios es tal que dedican una enorme cantidad de tiempo a responder estos procesos administrativos que se inician ante la Superintendencia. Hay que reconocer que aún quedan espacios de lucha en cuanto a periodismo serio, independiente, activo, pensado en el ciudadano.
Por un lado tenemos que la pauta oficial por parte del Gobierno se usa para premiar y castigar, en ese sentido son muchos los medios de comunicación, especialmente medios pequeños a nivel local que son incentivados por recursos públicos a tratar únicamente ciertas temáticas, contratando prácticamente toda la pauta publicitaria del medio. Desgraciadamente no todos están en esa posición de aguantar, de resistir, de defender esa libertad de expresión en beneficio de los ciudadanos.
¿Cómo está la distribución de medios?
No hay una compra de medios, sin embargo el principal monopolio de medios de comunicación está en manos del Gobierno nacional, nosotros hemos contabilizado más de treinta medios de comunicación en manos del Gobierno que no son medios públicos porque bajo ningún concepto cumplen con los principios básicos de medios públicos. Se crean vía decreto ejecutivo muchos de ellos e incluso los directorios de estos medios únicamente traen representación de las autoridades estatales, delegado del presidente de la República, secretario de comunicación y demás.
Tienen canales de comunicación, tienen estaciones radiales, tienen revistas, tienen portales digitales, agencias de noticias y prensa escrita. Se constituyen el principal conglomerado de medios en el Ecuador como tal y eso es lo que precisamente el Gobierno decía combatir, decían que ellos iban a acabar con estos grandes consorcios, con los grandes monopolios comunicacionales, sin embargo vemos en la práctica cuando se hace un inventario de los medios, son muy pocos aquellos que tienen dos o tres medios de comunicación y los grandes poseedores de medios resultan ser el Gobierno nacional y Ángel González que tiene una gran presencia en América Latina y que al parecer Ecuador no es la excepción porque en una reciente investigación publicada por el diario El Universo se ve que tienen más de diez medios de los cuales la gran mayoría son de alcance nacional.
¿Y cuál es la línea editorial de estos medios que tiene Ángel González?
Se basan más en mantener ratings que en entregar información de calidad. Preocupa quizás que el último proceso de compra sea respecto del primer medio de comunicación en la ciudad de Quito, que es diario El Comercio, que ha tenido algunos inconvenientes, yo no diría que ha cambiado su línea editorial propiamente y que esperamos que no se dé un cambio a nivel de los editores, que la dirección del medio de comunicación se mantenga basada en los principios que desde hace más de 105 años viene defendiendo el medio.
Sí preocupa que en nuestro país pase lo que ha sucedido en el resto de América Latina, donde un empresario dueño de medios de comunicación prefiere pactar con el Gobierno nacional o alinearse con ese Gobierno para seguir trabajando solamente la comunicación como un negocio.
Esto evidencia que la comunicación en Ecuador se maneja con un doble rasero porque si bien la Constitución establece límites para la propiedad de los medios de comunicación, si bien hay una ley antimonopolios, en el caso puntual de la compra del diario El Comercio pasaron por encima de la Constitución y la Ley.
AMPARADOS EN COPYRIGHT
Mauricio Alarcón-Salvador, director de proyectos de Fundamedios en Ecuador, comenta que el gobierno de Rafael Correa ha utilizado una ley estadounidense, la DMCA sobre derechos de autor, la cual está vigente en Estados Unidos, para sancionar la difusión de ciertos productos especialmente audiovisuales en las redes sociales, a través de una empresa contratada por el Gobierno.
“(La empresa) Se llama Ares Rights y que hasta el momento no se ha podido verificar si efectivamente existe. Se inician procesos contra ciudadanos, contra comunicadores que difunden cosas en redes sociales, diciendo que se está vulnerando la propiedad intelectual de los discursos del presidente de la República, de los espacios de las sabatinas, un programa que se emite todo los sábados que se difunden imágenes y logotipos que corresponden a instituciones públicas”, explica Alarcón-Salvador.
El ecuatoriano explica que con este mecanismo se afecta el derecho a difundir libremente ideas, que se supone está garantizado en el ordenamiento jurídico de ese país.
“Ante la persecución de la Superintendencia, dos de los más importantes medios de comunicación, La Hora y El Universo, se han declarado públicamente en resistencia, desacatando toda orden que venga de esta autoridad ilegítima”, expone Alarcón-Salvador.
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