El Canal Interoceánico, impulsado por el gobierno sandinista, sí tiene implicaciones más allá de la frontera sur nicaragüense, al compartir este país con Costa Rica una cuenca hidrográfica binacional que sentirá cualquier efecto ambiental del proyecto y por consiguiente sumaría un nuevo conflicto jurídico internacional a los dos países.
Así lo planteó Nicolás Boegling, consultor y docente de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR); quien junto con Allan Astorga, también consultor y docente de Geología Ambiental y Sedimentología de este mismo centro de enseñanza; participaron en el foro con académicos nicaragüense El Proyecto del Canal Interoceánico por Nicaragua: realidades, perspectivas e impactos.
Según Astorga, la cuenca hidrográfica del río San Juan es la más grande de Centroamérica, con una extensión de 42,000 kilómetros cuadrados situada en el territorio de Nicaragua en un 69 por ciento y en Costa Rica en un 31 por ciento.
La misma abarca 37 municipios de Nicaragua distribuidos en departamentos como Boaco, Chontales, Masaya, Granada, Carazo, Rivas y Río San Juan; así como las comunidades ticas en la frontera como La Cruz, Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Se ubica entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Si al abrir el Canal el concesionario chino draga los 105 kilómetros que atravesará el Lago de Nicaragua para alcanzar los 28 o 30 metros de profundidad (actualmente tiene 12) con la finalidad de que sea navegado por grandes buques, los daños ambientales los sufriría Costa Rica en humedales, ríos y el manto de agua subterráneo compartido, sobre todo en la parte baja de la cuenca, a través del desaguadero natural del Cocibolca, que es el San Juan.
Si los 360 millones de metros cúbicos de sedimentos que serán dragados del Cocibolca se rellenan con agua de mar, los ecosistemas de Nicaragua y los de Costa Rica hasta la desembocadura en el Atlántico por la zona del Colorado y El Tortuguero, serán dañados al recibir agua salada; cuando siempre han dependido de la calidad del agua dulce proveniente del lago, dijo.
Por las razones anteriores, Boegling y Astorga aseguran que Costa Rica tiene derecho a pedir estudios de impacto ambiental sobre el Canal a Nicaragua que le garanticen que no habrá daño ambiental en su territorio.
Boegling dice que es una ilusión creer que la Ley 840 que concesiona el proyecto a un empresario chino exime de responsabilidad ambiental y cualquier aplicación de leyes nacionales.
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