Los importadores de automóviles usados, tanto particulares como dueños de autolotes, son los afectados recientemente por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), donde se les mantienen retenidos casi doscientos vehículos, pese a cumplir los trámites y pagar los impuestos de introducción a Nicaragua.
En el puesto fronterizo de aduanas en El Espino, municipio de San Lucas, departamento de Madriz, es donde han sido retenidos durante los últimos cinco meses unos 170 vehículos usados. Otra gran cantidad está en el puesto de Las Manos, en Nueva Segovia, y en Puerto Corinto, en Chinandega.
“Más de medio millón de dólares es la inversión en los vehículos varados en las aduanas de varios puestos fronterizos del país”, afirmó Francisco Aburto, representante de la comisión de importadores.
El argumento que la DGA les da es que los automóviles incumplen los siete años de antigüedad máximos que deben tener para que puedan ingresar al país, una restricción que inicialmente estableció la Ley de Concertación Tributaria (LCT), Ley 822.
Sin embargo, las autoridades aduaneras serían las que violan la Ley, porque fue modificada y dejó en diez años de antigüedad los automóviles para uso particular que pueden entrar a Nicaragua.
El plazo de siete años fue incorporado en la reforma a la LCT publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del 18 de diciembre de 2014. Por la presión del sector de autolotes, el Gobierno retrocedió y publicó una fe de errata a la LCT en La Gaceta del 10 de enero de 2015, dejando en el artículo 282 la prohibición a la importación de vehículos solo a “los usados que tengan más de diez años de fabricación”.
“Esta prohibición no solo nos afecta a nosotros, sino además a comerciantes, micro y pequeños empresarios y productores cuyos ingresos no les permiten obtener vehículos nuevos”.
Carta enviada por importadores de autos usados a Daniel Ortega.
ARCE ACEPTA QUE ADUANA ES “CALVARIO”
“Al parecer la gente de la Aduana no sabe leer, ni se entera de las leyes”, se quejó Pablo Emilio Leiva, quien desde enero de 2015 intenta sacar de Puerto Corinto una camioneta usada marca Dodge, modelo Dakota, que compró en Canadá, para uso personal.
Leiva mostró los documentos donde el personal de la DGA acepta como correcta la declaración aduanera de la camioneta y por ello le cobró más de 1,200 dólares en impuestos.
Cumplir los procedimientos no le valió a Leiva porque no le emitieron la liberación final del vehículo, obligándole a pagar por derecho de uso del almacén en Puerto Corinto durante cinco meses.
“El vehículo entra a puerto el 16 de enero de 2015, pero el trámite de la declaración lo hice casi un año atrás porque es caro y tardado importar un carro desde Canadá, vienen por barco”, explicó Leiva.
Acusó al titular de la DGA, Eddy Medrano, por “avalar la corrupción en toda la aduana porque es conocedor de todas las arbitrariedades y abusos que sufrimos la gente honesta que queremos trabajar”.
“Me reuní con él para mostrarle que he cumplido con todos los trámites… simplemente me dijo ‘no puedo hacer nada’, pero sí cobrarme los impuestos”, afirmó Leiva.
LA PRENSA no logró contactar a Medrano, pues no respondió las llamadas.
Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, admitió el pasado viernes en entrevista con Canal 12 que la DGA “es un calvario” para los importadores.
Aunque dijo que en la institución avanza en su modernización, a su despacho llegan constantes quejas del sector privado y ciudadanos particulares por las trabas aduaneras, sobre todo por abuso con las subvaloración de mercancías.
“Vos traés un producto y decís ‘esto lo compré en cien dólares, voy a pagar mis impuestos por los cien dólares’. Pero te dice el funcionario: ‘Yo tengo duda de valor, yo creo que eso vale trescientos dólares y vos lo traés subvalorado’”, explicó.
Agregó: “Entrás a un calvario. Si el producto que traía era para producir, ya te atrasaste porque estás peleando, intentado demostrarle al tipo (funcionario) que eso es lo que costó. Si lo traías para tu consumo para mejorar tu condición de vida, (igual) entrás a un calvario”.
Arce aseguró que resolver el problema en la DGA es agenda pendiente de la Presidencia.
TOCAN PUERTAS DE ORTEGA
A las puertas de las oficinas del presidente inconstitucional Daniel Ortega, en el Reparto El Carmen, en Managua, llegó el 20 de mayo pasado una comisión de empresarios a dejar una carta donde exponen que por la acción de la DAG se causa daño económico “a 267 importadores de autos usados de trabajo y a cincuenta de camiones pesados”. Hasta ahora Ortega no les responde, aseguran los afectados.
Y el pasado 25 de mayo una delegación fracasó en que las autoridades de Aduana en El Espino, Madriz, liberaran más de 170 vehículos retenidos. En esa ocasión, no se dejó ingresar al puesto aduanero a un equipo de LA PRENSA interesado en obtener la versión de los funcionarios.
“Los vehículos están sufriendo deterioros y daños y se están perdiendo accesorios en los parqueos de las aduanas, y nadie responde por ello”. Francisco Aburto, representante de los importadores de autos usados.
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