Miles de personas marcharon ayer por Tegucigalpa para solicitar la llegada al país de una comisión internacional contra la impunidad que investigue la escandalosa serie de casos de corrupción.
“El pueblo hondureño está despertando del letargo en el que le han tenido; ahora tenemos la voz de mando. Esto solo es el principio”, dijo Gabriela Blen, una de las organizadoras de la protesta. “Queremos que se instale la comisión internacional contra la impunidad”, añadió “y por eso nos dirigimos a la Casa de las Naciones Unidas, para reclamarla”.
El detonante de la marcha, realizada tras decenas de protestas similares en la última semana, son las denuncias de fraude por más de cien millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) por parte de empresas fantasma que también habrían financiado la campaña del Partido Nacional (PN), que llevó a Juan Orlando Hernández a la Presidencia.
En la financiación ilegal del partido están implicados Ricardo Álvarez, actual vicepresidente; Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente; Oscar Álvarez, jefe de la bancada del partido, y Yolani Batres, ministra de Salud.
Los detalles sobre el desfalco al IHSS fueron difundidos ayer en la madrugada por Mario Pérez, diputado del PN, quien encabezó la comisión de investigación formada por 13 legisladores. Pérez afirmó que los señalados han declarado ante las autoridades, pero la justicia no ha tomado ninguna medida y exigió que el PN devuelva el dinero. Indicó que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) también prestó declaración sobre su conocimiento de los hechos en julio de 2014, pero que el Ministerio Público no tomó ninguna medida al respecto.
El presidente Hernández afirmó en un mensaje televisado que él no tiene “nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social” y que “las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga”.
El informe de los legisladores criticó con dureza la actuación de la Fiscalía en el desfalco al Seguro Social y en otros 11 escándalos de corrupción en la última década, que implican a miembros del gobierno de Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009; a la empresa nacional de telecomunicaciones, al sistema de transporte público urbano y a la Secretaría de Salud, Agricultura y Ganadería, entre otros.
Honduras es una de las naciones donde se registran los índices de impunidad y violencia más altos del mundo. Hasta un 91 por ciento de los delitos cometidos en el país no llega nunca a juicio, según el Ministerio Público.
Desfalco al IHSS
De acuerdo con el Ministerio Público, una red encabezada por Mario Zelaya, director del IHSS durante la presidencia de Porfirio Lobo, desvió de manera fraudulenta una cifra que podría superar los cien millones de dólares de los fondos para comprar medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.
Se suministraron medicamentos adulterados, se vaciaron las contribuciones de los trabajadores, se sobrevaloraron servicios hasta en un cuatrocientos por ciento, dejaron de ofrecerse productos médicos de primera necesidad y, con el dinero defraudado, además de financiar la campaña de Hernández, se compraron docenas de viviendas y vehículos de lujo en Estados Unidos, Honduras y Chile y se pagaron viajes de placer y fiestas.
Zelaya, los ex viceministros de Salud y Trabajo y 18 exdirectivos del IHSS, todos miembros del Partido Nacional, esperan juicio. Más de 12 empresarios y funcionarios implicados en la trama están prófugos.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
