El Ministerio Público de Nicaragua solicitó al Gobierno de Costa Rica autorización para que un grupo de expertos nicaragüenses esté pendiente de que las investigaciones sobre el crimen de una familia de nicaragüenses se realicen de acuerdo con leyes internas y convenios internacionales.
La coordinadora de Prensa de la Fiscalía de Costa Rica, Tatiana Vargas, respondió a LA PRENSA, a través de un correo electrónico, que la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público de ese país (Oatri) confirmó que el Ministerio Público de Nicaragua se comunicó a esa oficina con el objetivo de valorar la posibilidad de venir al país, para conversar en relación con el lamentable homicidio de dos personas nicaragüenses y sus dos hijos de origen costarricense.
La Oatri señaló que el Ministerio Público de nuestro país está en la mejor disposición de recibirlos, no obstante, hasta el momento no se ha recibido una confirmación oficial de la llegada al país, refiere Vargas en su comunicación.
La vocera del Gobierno, Rosario Murillo, durante sus intervenciones del mediodía a través de los medios oficialistas anunció que el presidente inconstitucional Daniel Ortega, delegó a la fiscal Ana Julia Guido para realizar la solicitud. Mencionó que el equipo estaría conformado por un fiscal, un oficial de Criminalística y uno de Homicidio, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Igualmente, dijo Murillo que a través de la Embajada en San José han brindado apoyo psicológico a familiares, así como para garantizar que al concluir con los procedimientos establecidos puedan repatriar los cuerpos.
SIN IDEA DEL MÓVIL
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconoció ayer que aún no tiene el móvil de la matanza de la familia nicaragüense, ocurrida el pasado fin de semana en el sector de Camino del Congo de Copey, de Santa María de Dota, al sureste de San José. Francisco Segura, director del OIJ, indicó que aún están hilando la información recabada y que se trata de una investigación compleja.
Ya la Policía (judicial) se ha encargado de procesar los sitios del suceso y eso ya nos da mucho, la morgue nos va a dar cualquier cantidad de información, ya vamos conociendo a esa familia y eso nos da más información todavía, declaró Segura.
El OIJ analizará las últimas llamadas recibidas en dos teléfonos celulares propiedad de la familia. Un celular estaba en poder de un habitante de la comunidad, aparentemente vendido por una tercera persona.
El crimen lo habrían ejecutado más de dos personas con puñal y machete, presume el OIJ. Las víctimas fueron Elena María Suárez Miranda, de 9 años; su hermano Abraham Moisés, de 11 años; y los padres de ambos, María Haydée Miranda Salmerón, de 32 años, y Ramón Suárez Espinoza, de 50.
Problema de tierras
La sobrina de Ramón Suárez Espinoza, Paula Huete, recordó que su tío ya había tenido problemas en la comunidad, donde tenía casi dos décadas de vivir. En la finca donde fueron asesinados tenían 11 años de vivir.
Sin ampliar sobre el problema, Huete dio una versión que refuerza la versión de que un lío de tierras con el dueño de la finca desembocó en la tragedia. Huete recordó que su tío entró en depresión y hace tres años regresó por un tiempo con toda la familia a Nicaragua para evitar pleitos.
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