Como una persecución laboral califico la exdirigente sindical de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN, profesora Brígida Rivera Rodríguez, su despido como docente del Instituto Guillermo Cano donde se sumó a las denuncias de supuestas anomalías.
Brígida Rivera quien en conferencia de prensa estuvo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) con la maestra Karla Patricia Miranda Calero también despedida del mismo centro por denunciar las supuestas anomalías, sostuvo que le mandaron una carta el 11 de mayo en el que le aplican el artículo 32 , sin mencionar de cual ley.
No sé si aprobaron una nueva normativa del Mined, o me están aplicando el Código de la Familia o el Código Penal sostuvo irónicamente Rivera.
La exsindicalista del magisterio afirma que su despido se debe a las continuas denuncias y las arbitrariedades hechas por la dirección del centro educativo por lo que en diciembre pasado, la trasladaron del Instituto Guillermo Cano a la escuela Bertha Briones, a pesar de que la ley general de Educación establece que los traslados deben hacerse de común acuerdo con el maestro o por necesidad del servicio, sin embargo hizo ver que el Instituto de donde la estaban sacando contrató a cinco maestros más.
SINDICATO BLANCO
Alberto Rosales, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, recordó que el trasfondo de la persecución de Rivera se debe porque se atrevió exigirle a la dirigencia de este sindicato (encabezada por José Antonio Zepeda) que rindieran cuenta sobre las cotizaciones de sus afiliados.
Rosales calificó a ANDEN como un sindicato blanco que se ha aliado con el gobierno, lo cual afecta los derechos de los trabajadores en este caso de los maestros.
PASADA DE CUENTAS
Entre las anomalías denunciadas por la maestra Brígida Rivera se encuentran los cobros de cuotas a los estudiantes que van dirigidas para el pago de un guarda de seguridad, algo que debería verificar el Inss porque al cpf del centro ni siquiera le pagan el salario mínimo y mucho menos sus prestaciones sociales.
Por su parte el asesor legal del Cenidh en Estelí Alberto Rosales Mondragón, manifestó que es decepcionante como las instituciones que deben garantizar los derechos de sus trabajadores son los primeros en violentarlos.
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