Retirados del Ejército Popular Sandinista (EPS), agrupados en la Asociación Consejo Nacional Defensores de la Patria «Comandante Camilo Ortega Saavedra», firmaron una intención de alianza con el Partido Liberal Independiente (PLI), ofreciendo su respaldo en las próximas elecciones presidenciales, para defender el voto ciudadano y evitar que Daniel Ortega se mantenga en el poder.
«Lo que nos costo la lucha para ponerlo allí, nosotros nos vamos a encargar de que él en el 2016, no quede como presidente, porque vamos a defender los votos de la población a como lo hemos venido haciendo en el Frente Sandinista», dijo el presidente de esta Asociación, Carlos Ramiro Ramirez, en alusión al presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra.
Ramírez acepta que los retirados colaboraron en los fraudes electorales que mantienen en el poder a Ortega Saavedra, porque esperaban el cumplimiento de la Ley 830 (Ley de Especial para atención de Excombatientes).
» Hubo un momento determinado que a nosotros nos utilizaron para realizar ciertas actividades de fraude, pero entrar a esos detalles creo que no es el momento», dijo exmilitar.
Ramírez explicó que como tienen conocimiento del proceso para hacer fraude electoral, en 2016 no lo van a volver a permitir.
«Nosotros sabemos cuál es el deje y maneje de esta situación, entonces de esa misma forma vamos a defender los votos de la población y no vamos a permitir que el Frente Sandinista o la cúpula que tiene secuestrado el Frente Sandinista, se robe los votos en 2016», dijo Ramírez, quien participó en la insurrección a los 19 años de edad, luchó contra la guardia somocista y contra los llamados Contra revolucionarios.
La Asociación de Defensores de la Patria agrupa a más de 10 mil retirados militares, madres de militares caídos en combate y discapacitados por secuelas de guerra, quienes se estarían afiliando al PLI cuando esta alianza sea ratificada por la junta directiva del partido.
La delegación de los retirados fue recibida por el diputado Luis Callejas, primer vicepresidente del PLI, en la sede nacional del partido, donde firmaron la intención de la alianza.
Los exmilitares tienen más de dos años de pedir la reglamentación de la Ley 830, para que sea aplicada debidamente. Demandan el cumplimiento de los beneficios que establece esta ley: atención médica, pensión, título de propiedad, etcétera.
Como parte de esta demanda, los desmovilizados iniciaron una huelga de hambre el pasado 22 de enero, que aún mantienen en los predios del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Nicaragüense.
