La doctora Elvira Cuadra del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), muy gentilmente me invitó a participar en el ciclo de conferencias, Repensando la Paz y la Democracia en Nicaragua, 25 Años Después de la Guerra, auspiciado por el IEEPP, la Universidad Americana (UAM), la Universidad Politécnica (UPOLI), y la Fundación Friedrich Ebert.
Para esta conferencia que cierra el ciclo, se me solicitó referirme a “La Nicaragua Posible”, para evocar así aquel foro de política nacional que impulsamos hace 25 años, cuando era en ese entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, y Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y para valorar hasta qué punto algunas o muchas de esas reflexiones continúan vigentes en la actualidad.
Tanto la exposición como este artículo me llevan a continuar la reflexión sobre el tema y sobre la actividad correspondiente, la que se realizó entre 1990 y 1992 en cuatro foros debates y en la que se planteó la posibilidad de llegar a una concertación para sentar las bases de un proyecto nacional, en cuya construcción debería participar el Estado, los partidos políticos y los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad.
A partir de esta idea, se realizaron los eventos en los que participaron el Gobierno; representantes del Poder Legislativo, el Presidente de la Asamblea Nacional; el Poder Judicial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia; ministros y viceministros, encabezados por el Ministro de la Presidencia; y los partidos políticos, entre los cuales figuraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien perdió las elecciones el 25 de febrero y realizó el traspaso de poder el 25 de abril, todo ello en 1990. Con los órganos y poderes del Estado, los partidos políticos y los diferentes sectores de la sociedad, más de cincuenta organizaciones participaron en este proceso de diálogo y debate orientado a la búsqueda del acuerdo social sobre el cual construir la nueva Nicaragua, “La Nicaragua Posible”.
El primer foro de política nacional, Nicaragua: Debate de la Unidad en la Diversidad, se realizó el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 1990. El segundo, Nicaragua hacia el año 2000: entre la concertación y la crisis, el 19 de diciembre de 1990. El tercero, Encuentro intersindical: política social y política económica, el 14 y 15 de febrero de 1991. El cuarto y último, La Nicaragua Posible: Hacia un Proyecto Nacional, el 13 y 14 de marzo de 1992.
En el primer foro participaron como expositores, el expresidente de la República y Secretario General del FSLN, comandante Daniel Ortega Saavedra; el ministro de la Presidencia, ingeniero Antonio Lacayo Oyanguren; el vicepresidente de la República, doctor Virgilio Godoy Reyes; el doctor Emilio Álvarez Montalván; don Luis Sánchez Sancho; y el licenciado Mauricio Díaz Dávila.
Quiero referirme, a la luz de la realidad nacional contemporánea, a algunos de mis planteamientos, sin entrar, como es obvio, a consideraciones acerca de lo expresado por los expositores, señalando, sin embargo, la apertura y buena voluntad que todos manifestaron desde sus distintos puntos de vista y diferencias específicas, en la búsqueda de un acuerdo integral que contribuyera a consolidar la paz y el desarrollo de nuestro país.
A pesar de los cambios y transformaciones ocurridos, considero que tanto ayer como hoy debemos entender de inicio, que la “Nicaragua Posible” es la del consenso y la democracia, la que surge de la unidad de nuestras diferencias. No una Nicaragua homogénea, ni tampoco caótica y confrontativa, sino una Nicaragua plural y múltiple, construida con el aporte de todos.
Considero que tanto ayer como hoy, esta “Nicaragua Posible” debe ser fruto de la concertación, pero debe ser también un instrumento preciso para dar respuesta a los problemas específicos que gravitan sobre nuestro pueblo.
La concertación, ayer y hoy, significa un salto cualitativo que debe superar las expresiones dominantes de la política criolla: la confrontación y la confabulación. Ni enfrentamientos violentos y destructivos ni pactos de cúpulas para repartirse el poder.
Se concerta no para tratar de imponer en forma total y sin apelación un modelo absoluto ni para disolver en las esencias de las fuerzas políticas dominantes la identidad del adversario, sino para tratar de encontrar un plano de coincidencias mínimas de las diferencias, un punto de convergencia de las contradicciones. Pero sobre todo se concerta para garantizar los derechos fundamentales de la población.
Nicaragua es un país cuyo presente y futuro, en cierta forma, han sido confiscados por la ambición excesiva de sus cúpulas políticas. La historia nicaragüense nos enseña en forma dramática la ausencia de una cultura institucional. El problema estriba no solo en la debilidad de las instituciones, sino también en la falta de una conciencia social de institucionalidad.
La democracia es un difícil equilibrio entre la eficacia de las instituciones, la legitimidad y control del poder y la participación de la ciudadanía.
Debe superarse la fractura entre la sociedad y el Estado. Es fundamental entender al Estado como expresión estructural y funcional de la sociedad, y por lo mismo, efectivamente dependiente de la voluntad social. El Estado es la sociedad institucionalmente organizada.
Esta idea conduce a un nuevo diseño del Estado-Nación. En este es imprescindible entender que el Estado de Derecho es legalidad e institucionalidad, pero sobre todo legitimidad que emana del respeto a la voluntad general y a los valores y principios en los que esta se sustenta.
La democracia es legitimidad, la legitimidad es ciudadanía y esta es participación. La democracia y el Estado de Derecho son, en consecuencia, la puesta en práctica de la voluntad ciudadana. De ahí que la estructura institucional debe estar de acuerdo a este diseño conceptual y moral del Estado-Nación.
El Estado debe ser ciudadanía en ejercicio: de ella proviene, a ella integra, y en ella está integrado. En tal sentido la ciudadanía debe participar tanto en forma territorial —al nivel local, municipal, departamental y nacional— como por sectores temáticos —económico, social, institucional, educativo— y dentro de estos, en aspectos puntuales como producción, desempleo, pobreza, y otros.
Con todo ello se trata de establecer un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en la participación ciudadana, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible, y en la idea fundamental de que toda política económica es ante todo una política social. Ambas deben ser la finalidad suprema de la democracia.
Es imprescindible hoy, como también lo era ayer, impulsar un desarrollo democratizador mediante procesos de concertación de las fuerzas políticas, económicas y sociales, un proyecto de nación sustentado, en sus líneas generales, en un acuerdo integral que impulse una alternativa fundada sobre una verdadera ciudadanía social y que conduzca, además, a un proceso de democratización de la economía de mercado.
Creo que todos estos desafíos continúan presentes hoy y que Nicaragua encontrará la coexistencia armónica y el desarrollo integral en la medida en que sea capaz a través del diálogo, el debate y la concertación, de sentar las bases de una sociedad fundada en el respeto y en la dignidad y libertad de la persona. El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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