Diputados de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) protestaron porque —sin llegar aún a la Asamblea Nacional— el polémico proyecto de Ley de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, ya es conocido y debatido en otros sectores.
Los diputados Eduardo Montealegre y Carlos Langrand enviaron una carta a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, haciendo notar que “el proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha” está siendo presentado a las empresas que ofrecen el servicio de internet en el país, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), lo que hace creer que a la Asamblea solo “llegará una ley ya cocinada”.
El diputado Langrand manifestó que “hay una iniciativa de ley que ya anda Telcor del timbo al tambo y sustrayendo las facultades de quienes somos los representantes legítimos del pueblo de Nicaragua, así que esperamos que la Comisión de Infraestructura acoja esta carta y que convoque a los actores para que sea dentro de la Asamblea Nacional donde podamos escuchar a los ciudadanos y cumplir con la ley de participación ciudadana, que es consultar sobre los derechos y deberes que tiene el ciudadano”.
«El hecho de traer una ley cocinada aquí a la Asamblea Nacional es subrogar las facultades constitucionales que tiene esta institución». Carlos Langrand, diputado de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli).
Por su parte, el coordinador de la bancada del partido gobernante, Edwin Castro, ha dicho que desconoce esta propuesta mientras no llegue a la Asamblea Nacional; sin embargo, el articulado de este proyecto de ley ya está siendo estudiado por organizaciones como el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.
AFÁN DE CONTROLAR
Langrand también expresó que ve una doble intención en la propuesta de ley cuando se habla de “crear una empresa estatal para manejar puntos de tráfico nacional e internacional”, pero también establece que “en los casos de desastres naturales o por causa (de) interés nacional”, los operadores deben integrarse a la Red Nacional de Banda Ancha, cuando el ente regulador (Telcor) así lo disponga.
“Es ahí el campanazo de alerta que el Gobierno, amparándose en el tema de la seguridad democrática y nacional, quiere meter un control ciudadano a todas luces, similar a lo que se utiliza en China, Cuba, Venezuela, porque al tener ese acceso pueden cambiar la configuración y que vos no podás acceder a las redes sociales (por ejemplo)”, opinó Langrand.
INTERÉS RECAUDATORIO
Juan Carlos López, coordinador de este Centro Jurídico, manifestó que de aprobarse esta propuesta, Telcor —una entidad que tiene un déficit de 3.1 millones de córdobas— percibiría millones de dólares anuales por el cargo de regulación.
“Hoy en día Telcor sobrevive con el Presupuesto General de la República, lo que entra de los fajos de las licitaciones, el pago de las operadoras cuando se renuevan los servicios y esa es la manera de subsistir, el problema es que Telcor es uno de los entes reguladores inoperantes, es mercantil, su sistema es obsoleto, no hay regulación en internet, lo que supongo es que no hay presupuesto para mantener a Telcor. Al final serán las empresas o, mejor dicho, los usuarios (los) que mantengan la institución, porque si lo asume la empresa fijo que aumenta la tarifa, entonces al final la carga cae en el usuario”, explicó López.
También hizo ver que la ley no trae ningún beneficio directo a los usuarios, salvo que deja un espacio para reclamos de los operadores y aplica el derecho vinculante con otras normas técnicas de regulación para reclamos de los usuarios, pero el principal beneficiario es Telcor, insistió López.
En ese sentido, el diputado Langrand señaló el interés recaudatorio de la propuesta, porque establece la aplicación de 1.5 por ciento de cargo en la factura, dinero que será para Telcor.
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