Con chalecos antibalas y rostros cubiertos, tres batallones élite de “reacción inmediata” del Ejército y uno de la Policía enfrentarán en El Salvador a las pandillas que, armadas con fusiles y tácticas de guerrilla, atacan por sorpresa a policías y militares. La orden llegó del presidente Salvador Sánchez Cerén ante la escalada de violencia en el país.
El Salvador entró “en un momento de definición porque el Gobierno, sin renunciar a la prevención y reinserción, enfrenta a las pandillas intensificando la represión, lo que ha desatado una escalada” con el asesinato de policías y soldados que no se sabe cuándo finalizará, explicó Juan Ramón Medrano, experto en temas de seguridad.
El mandatario también ordenó trasladar de cárceles flexibles al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a más de cincuenta cabecillas e inició reubicaciones masivas de pandilleros a presidios en cuyos alrededores no haya miembros de la misma banda o familiares, para cortarles la comunicación y logística que usan para seguir delinquiendo desde la cárcel.
“Ningún crimen quedará impune”, ha dicho Sánchez Cerén, quien aclaró que el Gobierno dará todo su respaldo a los pandilleros que se “arrepientan” y “quieran regresar a la vida de la comunidad”.
Las pandillas públicamente no han renunciado a una tregua que declararon en marzo de 2012, con la que bajó el promedio diario de homicidios de 14 a 5. En marzo fue de 15.5.
Pero con sus ataques a policías y soldados “han alimentado un pánico colectivo que hace que la gente pida a gritos medidas excesivamente represivas”, advirtió el criminólogo Carlos Ponce.
Para Ponce, la creación de batallones élite es darle “mayor poder” a los cuerpos de seguridad sin “efecto alguno sobre las estructuras delictivas”, por ser organizaciones complejas que no serán debilitadas fácilmente.
Con las unidades élite de seguridad se busca “garantizar el combate del delito en todas sus formas”, explicó el comisionado presidencial de seguridad, Francis Hasbún.
Las pandillas tienen fusiles de grueso calibre y entrenamiento militar. El ministro de la Defensa, David Munguía, reconoció que grupos de entre 12 y 16 pandilleros se desplazan en el central departamento de La Paz y en el cerro de Guazapa, donde reciben “algún tipo de adiestramiento”, por lo que el Ejército incrementó la presencia.
El Gobierno creó en septiembre el Consejo de Seguridad Pública, que presentó en enero un plan de seguridad que requiere una inversión de 2,100 millones de dólares en los próximos cinco años. El excomandante guerrillero Raúl Mijango estimó que el plan es una “fachada política de la represión” y abogó por abrir espacios a la distensión.
1,194 homicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero y el 5 de abril. Veintinueve agentes de seguridad han muerto a manos de las pandillas, que según autoridades, tienen diez mil miembros encarcelados y sesenta mil en las calles.
“Vamos a la guerra con algunas características que tuvo la pasada guerra civil (1980-1992), como las fuerzas convencionales luchando contra fuerzas irregulares”.
Raúl Mijango, excomandante guerrillero y mediador de la tregua, quien atribuye el recrudecimiento de la violencia al “cierre de los espacios de diálogo” abiertos con la tregua.
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