Las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y posiblemente el anunciado centro regional de enseñanza para policías que instalará Rusia en Nicaragua, estarán asentados en terrenos que fueron expropiados por el Gobierno a través de la Procuraduría General de la República (PGR) de forma irregular.
El representante de uno de los afectados dijo a LA PRENSA que aunque inicialmente fue expropiada un área de 15 manzanas, otras 15 están en riesgo. Los terrenos están ubicados en San Isidro de Bolas y son diferentes lotes.
En el terreno en el que los dueños fueron desalojados con la fuerza policial, los camiones de Alba Construcciones ya realizaron las labores de movimiento de tierra, según testigos.
PROCEDIMIENTO ANÓMALO
El primer intento por invadir los terrenos fue en octubre del año pasado, pero la gente se resistió y la Policía debió retirarse.
Según La Gaceta del 19 de enero, el 4 de noviembre de 2014 la PGR emitió un acuerdo administrativo en el que declara de utilidad pública 105,187,780 metros cuadrados para la construcción de las instalaciones de la DOEP.
Posteriormente la PGR realizó una nueva publicación en La Gaceta del 13 de febrero, en la que insiste en la declaratoria de utilidad pública de los terrenos en mención, pero esta vez declaran como unidad ejecutora a la DOEP, esto porque seguramente recordaron que la Policía ya no depende jerárquicamente del Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, el exprocurador Alberto Novoa apuntó que una división administrativa no tiene personería jurídica, en este caso la DOEP. Y, según la ley, tampoco la Policía Nacional, pues también es una dirección y por estar subordinada directamente al presidente, es a la Presidencia de la República que le correspondería ser la unidad ejecutora de acuerdo con lo establecido por la Ley de Expropiaciones.
“Es una cadena de ilegalidades”, expresó Novoa.
LA PRENSA consultó a la Policía a través de la oficina de Relaciones Públicas de esa institución, pero aún no ha respondido.
DEMANDAN PRIMERO
Tres días antes de la primera publicación en La Gaceta, el 16 de enero, la PGR introdujo una demanda de expropiación en el Juzgado Primero de Distrito de lo Civil contra 14 personas como demandadas. Y en la misma piden en el Juzgado que notifiquen por carteles a los demandados porque no conocen la dirección de estos, pero la fuente considera que esto fue para no llegar a acuerdos con los afectados.
En la demanda judicial aparecen como demandados: Teodora del Carmen Delgado, Carlos Roberto Aguilera Paguaga, Enrique Cisneros Blanco, Rubén Membreño Bacie, Leila Mendieta de Membreño, Christian Jean Marie Menestrier, José Venancio Berríos, Edgard Espinoza Zepeda, Francisca Guadalupe Torrente Tellería, Pascual Fonseca Mendoza, Catomar SA, Hugo Delgado López, Edgard Delgado Porras y Gonzalo Sáenz Aristides.
En esa ocasión el Juzgado no dio lugar a la demanda, porque la ley de expropiación señala que el pedimento debe hacerlo la unidad ejecutora, pues habían puesto al Ministerio de Gobernación, a su vez, les señala el judicial que debían establecer el valor de la propiedad y no aportaron el peritaje de la misma.
LA PRENSA/M. ESQUIVEL
POR LA FUERZA Y DE MADRUGADA
Sin embargo, “el 26 de febrero a las 4:00 a.m. las fuerzas especiales con tractores y pala, botan un portón de alambre de púa, anuncian que se lo está tomando la DOEP y ponen un rótulo de zona militar”, dijo el informante, quien mencionó que en esa ocasión llevaron como a 120 efectivos.
“Ellos llegan, no solo agarran las 15 manzanas, sino 35 manzanas, empezaron con el cuento de la DOEP y luego siguieron, porque dicen que van a construir la supuesta academia de los rusos”, afirmó la fuente.
Tras señalar que según conocieron, los asesores rusos habrían considerado el lugar como “estratégico” para construir un complejo para la jefatura de la Policía, pues tiene una vista espectacular de Managua.
Según la fuente, un abogado de la PGR de apellido Roque les ha dicho a los afectados “que es orden del presidente (inconstitucional) que deben salir y que él a cambio les dará una casita en uno de los complejos habitacionales que construyen. Y que el remanente después se los va a reconocer, pero más adelante”.
LOS MANDAN A CALLAR
El informante aseguró que la mayoría de los afectados están atemorizados y convencidos por los abogados de la PGR de que les indemnizarán, pero la condición es que no deben informar el hecho a los periodistas, pues de lo contrario no les pagarán.
LA PRENSA consultó a una de las personas más afectadas, que aunque reconoció el desalojo y aseguró el boleo del que han sido víctimas, prefirió esperar una posible reunión con la PGR.
Según la Ley de Expropiación, una vez publicada la disposición en La Gaceta y en otros medios de comunicación, los afectados tendrán un término máximo de 15 días para comparecer ante la oficina ejecutora para tratar de llegar a un avenimiento. Sin embargo, no hubo notificación.
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