No hay Estado de derecho

Uno de los componentes esenciales de la república es precisamente el Estado de derecho, el imperio de la ley, la seguridad jurídica de la propiedad, la protección legal de los ciudadanos ante los abusos del poder. Estos atributos republicanos no existen en Nicaragua, o existen solo para miembros, aliados, partidarios y amigos del Gobierno; lo cual es una aberración, porque el Estado de derecho tiene que ser para todos, de acuerdo con el principio básico de la igualdad ante la ley.

La Constitución de Nicaragua lo reconoce, en teoría, en su Artículo 27 que dice textualmente: “ Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. Pero esto es una ficción jurídica que no se cumple en la realidad. O se cumple solo en beneficio de una parte de los nicaragüenses, mientras que los demás viven prácticamente en condición de parias jurídicos, expuestos a sufrir en cualquier momento la arbitrariedad y el abuso del poder público, sin esperanza siquiera de ser protegido por la ley y amparado por la justicia.

Así lo demuestra el caso de Milton Arcia, el empresario turístico cuyo hotel en construcción a orillas del lago Cocibolca, en Moyogalpa, isla de Ometepe, fue demolido el viernes Santo por orden gubernamental y él mismo ultrajado por la fuerza policial. Si hubiese Estado de derecho en Nicaragua ese atropello no hubiese sido posible, y si ocurrió por exceso de algún funcionario este sería castigado mediante la aplicación justa de la ley.

Un agente inferior del régimen orteguista justificó oficiosamente el atropello a Milton Arcia, argumentando que el hotel estaba siendo construido en un lugar protegido por la Ley para el Desarrollo de las zonas costeras, vigente desde julio de 2009. Pero entonces ¿por qué se le permitió al empresario turístico Arcia emprender y desarrollar la construcción del hotel, que ya estaba bastante avanzada? Y en todo caso se le debió someter a un proceso administrativo o judicial, si así lo merecía, respetándole sus derechos individuales y las garantías del debido proceso que la Constitución y la ley le reconocen.

En esta misma edición de LA PRENSA publicamos un artículo del experimentado jurista Guillermo Areas, en el cual destaca que “El artículo 34 de nuestra Constitución establece que ‘toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva…’”; y que “aun cuando (el señor Arcia) hubiere violado la ley, no debió ser expuesto públicamente como responsable de un hecho delictivo sin habérsele iniciado juicio, sin habérsele otorgado intervención y debida defensa o probado culpa alguna”.

Así debió ser, si hubiese aquí Estado de derecho y se cumpliera lo que dice la Constitución. Pero la realidad de Nicaragua, dominada por el Estado orteguista, es muy diferente según lo comprueban abusos totalitarios como el que ha sufrido el empresario Milton Arcia .

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