El 25 de marzo, Ortega demuestra en público que no ha entendido su propia iniciativa de ley de variación tarifaria.
Esta medida no responde a lo que dictan los pensamientos de índole estrictamente financiera, que disponen eliminar los subsidios, lo que dejaría congelada la tarifa, para beneficiar solo a las familias de ingresos superiores y las grandes empresas.
Miente Ortega. No existe un pensamiento estrictamente financiero. Lo que existe son distintas concepciones filosóficas, con las cuales se abordan problemas u opciones financieras. Las escuelas económicas responden a distintas visiones de organización de la sociedad, a perspectivas distintas sobre las relaciones de producción y sobre la distribución de la riqueza. La visión del FMI, que comparte Ortega, es la que está a la caza de oportunidades para eliminar subsidios, porque no conciben políticas de desarrollo social.
Los subsidios no se eliminan por un pensamiento abstracto, neutral. Ni se mantienen por consideraciones de solidaridad. Los subsidios pueden obedecer a consideraciones demagógicas. O pueden constituir un elemento fundamental de la transformación estratégica de la sociedad, bajo una visión de planificación económica, para eliminar las desigualdades sociales, y destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas.
Demagogo por naturaleza, Ortega parece ignorar que si el subsidio se elimina, la tarifa no permanece congelada, como él dice, sino, por el contrario, daría un salto espectacular desastroso, como un resorte comprimido, soltado repentinamente. Continúa Ortega:
El decreto ofrecía una oportunidad de eliminar el subsidio. Pero, lo que ha hecho el gobierno es ratificarlo, lo que quiere decir que la tarifa de los más pobres empezará a fluctuar.
Creer que con la baja del precio de petróleo existe una oportunidad para eliminar los subsidios por decreto, corresponde a una visión demagógica, reaccionaria, del FMI.
Con una responsabilidad mínima, Ortega debió anunciar que la tarifa de los consumidores menores a 150 kWh recibiría una reducción del siete por ciento, ya que el subsidio fue congelado. Pero, no puede explicar la razón técnica de tal reducción ni justificar el subsidio mismo dentro de una política de asignación óptima de recursos, para la transformación eficiente de la sociedad, hacia la generación de empleos productivos y mayores oportunidades para los sectores discriminados, porque no hay tal estrategia de creación de empleos productivos ni mayores oportunidades estructurales para los trabajadores.
Si el subsidio, aportado por el presupuesto de la república, lo congela Ortega durante una onda de reducción de costes exógenos a nuestra economía, el subsidio congelado ya no absorbería el incremento de costes, durante una onda de alza de los precios del petróleo.
Bastaba decir, que el subsidio se mantendrá incólume durante una etapa de reducción de costes energéticos. Pero, lo ha congelado porque constituye una trampa, para decretarnos luego un nuevo impuesto disfrazado, con el cual absorber los incrementos de costes energéticos para este sector. Los impuestos, disfrazados o menos, responden también a la visión del FMI, que adelanta Ortega.
Sin un salto cualitativo en la reducción estructural del desempleo y del trabajo informal, aumentará indefinidamente el peso del subsidio, por tres factores: 1, El aumento de los clientes de este sector, a una tasa de 5 por ciento anual; 2. El incremento del consumo promedio de este sector, a una tasa de dos por ciento anual; 3. El incremento del precio de la energía como tendencia estadística.
El subsidio pasó de ocho millones de dólares en 2006 a noventa millones en 2015, a un paso incremental promedio de diez millones de dólares anuales. Ortega debió aclarar, más allá de la coyuntura actual, las perspectivas de incrementar los ingresos reales de este sector en forma productiva, como alternativa a los subsidios crecientes. Pero, no hay tal perspectiva. Solo demagogia.
Ortega debió explicar por qué sustrae de los bolsillos de los consumidores el 65 por ciento de los sobrepagos que también se nos deben devolver por la baja del petróleo, y por qué evita que los ciudadanos reorientemos esa capacidad de gasto hacia el mercado interno.
Oculta que la razón para sustraer esos recursos a la población, es para compensar con ellos a sus empresas, que se apropian parasitariamente la ayuda venezolana y ven disminuir sus ingresos con la baja de la factura petrolera.
El autor es ingeniero eléctrico.
