A una nueva valoración psicológica forense en el Instituto de Medicina Legal (IML) será sometida hoy la joven de 23 años, quien denunció que fue violada en el área de celdas del Distrito Cuatro de la Policía de Managua, presuntamente por el mismo jefe de esa delegación, comisionado mayor Darwin Rosales.
Pese a que la muchacha fue remitida ayer al IML, donde sería evaluada por un equipo de tres especialistas debido a la situación emocional en que se encontraba, debieron suspender la entrevista y programarla para hoy.
En tanto, para hoy está programado un plantón frente a Plaza El Sol.
Unas diez organizaciones feministas, de la diversidad sexual y defensoras de derechos humanos, demandarán que haya justicia oportuna.
La madre de la muchacha refirió que cuando los especialistas pretendieron que su hija entrara en detalles sobre lo sucedido en las celdas policiales, ella “se puso muy estresada”. Recordó que aunque su hija ya había sido valorada anteriormente, aceptó llevarla “para que estén claros de cómo está la muchacha”.
INCUMPLEN LEY 779
La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Brenda Rojas, quien acompañó a la víctima, dijo que esto denota no solo las pretensiones de las autoridades por desgastar a la víctima, sino también que no existe tal cumplimiento de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, en cuanto al modelo de atención integral y de que no se cumple el protocolo de atención a las víctimas de abuso, pues se supone que deben ser sometidas a una entrevista única.
“Te podés imaginar cuántas veces esa muchacha tiene que contar una y otra vez la misma historia, primero en la Comisaría, después en Asuntos Internos, en Medicina Legal y ahora resulta que nuevamente es necesario que ella fuera a Medicina Legal”, dijo Rojas.
“Y el hecho de como ella se pone angustiada, eso demuestra de que existe un daño y es una tortura psicológica para ella tener que estar contando una y otra vez”, manifestó Rojas.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, se sumó a las críticas por el procedimiento empleado. “Al final es una demostración que le están dando largas, no corresponde al protocolo de urgencia”, dijo, tras señalar que además los resultados de la valoración física de la violencia sexual fueron remitidos a la Policía el mismo día que los hicieron, pero la familia aún los desconoce.
El lunes LA PRENSA consultó sobre este caso a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera. “Cuando pueda ella que venga a hablar conmigo”, fue la primera reacción de Granera, quien dio a conocer su disposición: “Primero investigar, una investigación a fondo y si esto es verdad, obviamente voy a tomar medidas enérgicas, estoy ordenando una investigación a fondo y voy a entrevistar personalmente a la chavala que me mandó la carta”.
El miércoles LA PRENSA consultó al comisionado mayor Darwin Rosales (señalado por presunta violación), pero este evitó referirse al tema. “Esto es con Relaciones Públicas, conmigo no, vayan a la jefatura”, sostuvo Rosales en ese momento. En reiteradas ocasiones la madre de la víctima ha asegurado que su hija relata que supuestamente el jefe policial la habría violada por el hecho de ser lesbiana.
CENIDH CRITICA COMPORTAMIENTO DE LAS AUTORIDADES
La abogada del Cenidh, Brenda Rojas, criticó que las autoridades han estado protegiendo al sospechoso de la agresión y no a la víctima. Esto porque —según señaló— desde que la víctima denunció el caso solicitó medidas cautelares y hasta ahora no ha sido decretada ninguna.
Y tampoco ha sido adoptada por las autoridades policiales ninguna medida contra el presunto agresor.
Rojas dijo que hasta donde tienen información, el funcionario policial señalado como sospechoso, sigue en sus funciones. “A estas alturas es para que la Policía hubiera tomado una medida inmediata con respecto a esta persona y sin embargo, no lo ha hecho. Con la denuncia grave, el daño que evidentemente se ve en la víctima, por lo mínimo debería ser suspendido”, expresó la abogada del Cenidh.
Las autoridades también han cometido violencia en la función pública según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 779, recordó Rojas.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
