La Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Ley 212) le da a esta institución la atribución de “investigar actuaciones de la administración pública de oficio o por denuncia, para esclarecer los actos u omisiones que vulneren los derechos humanos y remitir a los que resultaren presuntos culpables al organismo correspondiente, para su debida sanción (numeral 5 del artículo 18 de la referida ley)”.
Contradictoriamente, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, dijo el jueves que no puede investigar de oficio para conocer los casos de violaciones a los derechos humanos que son denunciados en los medios de comunicación.
El abogado constitucionalista Óscar Castillo expresa estar claro de que la PDDH solo responde a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN) y, como ocurre con las demás instituciones públicas del país, no va a proteger a los ciudadanos que cuestionen y se opongan a las acciones del Gobierno, dirigido por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
“Un órgano como tal, creado por el Estado no es activo para unas cosas y para otras no. Tiene un mandato constitucional que acatar, unas leyes que cumplir y, además, tiene tratados internacionales sobre derechos humanos que respetar”, expresó el abogado y académico.
Castillo afirma que la realidad es que la PDDH no actúa conforme a su ley orgánica ni conforme a lo que la Constitución Política manda, “y más bien se alinea a intereses del poder ejecutivo o del partido en el poder”.
“Hay una serie de violaciones a derechos humanos muy connotados en el país, en el que no actúa con la beligerancia del caso y termina más bien justificando las actuaciones ilegales o de violación de derechos”, agregó Castillo en alusión a la PDDH.
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