Un movimiento que lucha en Costa Rica por viviendas para familias pobres que habitan en comunidades precarias, interpuso un recurso de Hábeas Corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de los habitantes de un asentamiento donde se desarrolló esta semana un operativo migratorio – policial.
El Movimiento de Acción Popular Urbana (MAPU) interpuso el recurso contra “las acciones cometidas por el Ministerio de Seguridad Pública de montar retenes en la entrada y salida del Asentamiento Triángulo Solidario, ubicado en Calle Blancos de Goicoechea (San José), impidiendo el libre tránsito solicitando a los habitantes su documentación de identidad y reteniendo a quienes su estatus migratorio no se encuentre al día”.
El jueves 19 de marzo, en el Triángulo de la Solidaridad, un asentamiento habitado en su mayoría por familias inmigrantes nicaragüenses, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con apoyo de la Fuerza Pública y la policía migratoria realizó un operativo para buscar a sospechosos de asaltos.
Al final el OIJ no capturó a ningún sospechoso pero la Policía Profesional de Migración sí lo hizo, al haber capturado a una decena de personas, según vecinos; sembrando el pánico en este asentamiento habitado en gran parte por familias nicaragüenses, algunas sin documentos migratorios para residir de forma legal en Costa Rica.
“Si esta es la forma del Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera de solucionar la situación de falta de vivienda de las familias del Asentamiento Triángulo Solidario, deteniendo a quienes se encuentren bajo la ilegalidad, recordemos que antes de desalojar a estas familias del Asentamiento Triángulo Solidario hay un fallo emitido por la Sala Constitucional en el expediente N° 05-008775-0007-CO, el cual dice que previo al desalojo se deberá dar la solución habitacional de las familias”, explicó el MAPU, representada por Irina Coronado.
Los habitantes del Triángulo están temerosos y creen que el operativo es una confabulación de las autoridades para no darles las viviendas prometidas a 191 que serán reubicadas, de 522 que ahí habitan.
Tanto la Dirección General de Migración como la Fuerza Pública, han manifestado que el operativo fue ejecutado por el OIJ. Este Organismo por su parte, indicó que la captura de ilegales correspondió a las autoridades migratorias.
