El jueves de esta semana se conoció que el papa Francisco podría visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el próximo mes de septiembre.
El anuncio lo hizo el obispo guatemalteco Álvaro Ramazzini, quien habló ante el plenario de la CIDH para denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las llamadas “industrias extractivas” —o sea las explotaciones mineras— de diversos países latinoamericanos.
El obispo Ramazzini, titular de la diócesis de Huehuetenango en Guatemala, expresó en el curso de su presentación en la audiencia de la CIDH que el papa Francisco “prometió que consideraría seriamente la posibilidad” de visitar la sede del organismo que vela por la defensa de los derechos humanos en las Américas. Lo cual se entendió prácticamente como un anuncio extraoficial, considerando que los obispos católicos son muy responsables en sus pronunciamientos públicos y el prelado guatemalteco no hubiera hecho una comunicación tan importante, si no hubiera estado autorizado para hacerlo.
Francisco llegará a Estados Unidos en septiembre del presente año. Hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, y después irá a Washington DC para visitar el Capitolio donde pronunciará un discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses. Será la primera vez que un papa de la Iglesia católica hable ante los legisladores de Estados Unidos, en el Capitolio, como también sería la primera ocasión que un sumo pontífice visite la CIDH.
Pero no solo por ser eso la visita de Francisco sería histórica y trascendental, sino también porque su propósito sería “ratificar el compromiso de la Iglesia católica con la defensa de los derechos humanos”, como lo subrayó monseñor Ramazzini cuando hizo el sorpresivo anuncio. Además, la presencia del papa en la CIDH se realizaría en un momento crucial, cuando los gobiernos autoritarios de América Latina intentan reformar el sistema interamericano de derechos humanos para quitarle autonomía a la Comisión, con el fin de impedir que siga denunciando las violaciones a los derechos humanos que cometen los gobiernos del Alba, como Venezuela, Cuba Nicaragua y otros que pretenden ser democráticos pero no lo son.
Por desgracia, ahora en la OEA los gobiernos autoritarios son más influyentes que los democráticos, de modo que la propuesta de neutralizar a la CIDH podría ser aprobada dentro de poco tiempo. Máxime que el nuevo secretario general de la OEA es el izquierdista uruguayo Luis Almagro, al que se le considera cercano al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien es el que ha presentado el plan contra la independencia e integridad del sistema interamericano de derechos humanos.
La CIDH es parte de la OEA, pero goza de autonomía y a pesar de los estrechamientos políticos y presupuestarios cumple de manera cabal su responsabilidad de velar por los derechos humanos y denunciar a los gobiernos que los atropellan. Y estando tan seriamente amenazada por los gobiernos autoritarios del Alba, la presencia del papa Francisco en la sede de la Comisión le daría un gran aliento político y moral que tanto está necesitando.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
