La presidenta Dilma Rousseff anunció ayer una serie de medidas contra la corrupción tras las masivas manifestaciones del domingo provocadas por la furia popular debido al amplio caso de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal brasileña y en las que también se pidió la destitución de la mandataria.
Entre las medidas están la penalización de fondos mal habidos para financiar campañas electorales, la incautación de activos a personas culpables de corrupción y la exigencia de que los funcionarios del Gobierno no tengan antecedentes penales.
“Este es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del Gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Rousseff.
POPULARIDAD EN PICADA
La popularidad de Rousseff cayó en picada tras las manifestaciones, de acuerdo con una encuesta difundida ayer. El estudio del Instituto Datafolha muestra que la popularidad de Rousseff cayó incluso entre los más pobres, donde gozaba del mayor apoyo. El 62 por ciento de los encuestados dijo que el Gobierno de Rousseff era “malo” o “pésimo”, comparado con 44 por ciento hace un mes. El 13 por ciento lo consideró “bueno” o “muy bueno”.
Esta fue la peor tasa de popularidad para un mandatario brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue objeto de juicio político por corrupción.
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