Francisco Javier Vallecillo, dueño de un bar y restaurante en Ocotal, denunció en Managua que desde hace un año la dirección de Seguridad Pública de la Policía le ha mantenido cerrado su negocio, sin aparentes causas justificadas.
Vallecillo remitió una carta a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, a quien demanda que le apoye para que le permitan reabrir su negocio. Asimismo le explica que con esa situación promovida por la institución que preside “me está cerrando puertas, daños económicos, morales y hasta podría decir daños psicológicos a mi persona, mi familia y a mi personal de trabajo”.
El cierre del negocio —dice Vallecillo—, le ha causado pérdidas por 16 mil dólares y desempleo a 18 personas. Mencionó que extrañamente previo a que le cerraran el local, la Policía expuso varias causas como motivo de cierre, pese a que él se las ha rebatido.
Y más extraño es que a las 11:30 a.m. del 31 de marzo del 2014 la Policía emitió una resolución donde autorizaba la renovación del permiso. Y a las 8:30 p.m. del mismo día le anunciaron que procedían al cierre definitivo.
Consultado por LA PRENSA, el comisionado mayor Edgard Sánchez, jefe de la Policía en Nueva Guinea, dijo que al negocio le hicieron varios llamados y constantes controles, “pero siempre cometía infracciones. Las normas se aplican parejo a todos y él siempre incumplió medidas orientadas”.
“El ruido del negocio perjudicaba a una vecina enferma y que siempre se le llamó la atención, al punto de que tuvo que enviar el caso a Managua, donde determinaron el cierre definitivo”, agregó.
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