Después de dos años sin acuerdo del salario mínimo de modo tripartito (Gobierno, sindicatos y empresarios), se evidencian las discrepancias fundamentales alrededor de este tema. Por un lado, el Gobierno y los sindicatos creen que lo importante es aumentar el salario nominal por medio del incremento del salario mínimo, y por otra parte, los empresarios parten del criterio de que el aumento debe ser al salario real, o sea al poder adquisitivo de los que ganan el mínimo.
Los empresarios tienen razón al alegar que la fórmula utilizada para calcular por ley los incrementos del salario mínimo, no incluye la variable más importante que es la productividad del trabajo. Si un trabajador obtiene un porcentaje de salario mayor a su productividad, el incremento salarial tiene necesariamente consecuencias inflacionarias, pues ya son unas 250 mil personas, según dice la ministra del Trabajo, las que se encuentran ganando el salario mínimo en Nicaragua.
Una manera efectiva de aumentar la productividad sería bajar la tarifa energética y de los combustibles. Una reducción del 20 por ciento en esas tarifas aumentaría en ese mismo porcentaje el poder adquisitivo de los trabajadores y equivaldría a un aumento de los salarios reales en la misma proporción. Para aumentar el bienestar de los trabajadores se necesita bajar los costos o aumentar los ingresos como resultado del incremento de la productividad. Pero el Gobierno, en vez de bajar las tarifas para disminuir los costos energéticos y de combustibles, que son los más altos en la cadena productiva, endosa al sector privado el aumento en el poder de compra de los trabajadores, sin que esto venga acompañado proporcionalmente por un incremento en la productividad y la producción.
De manera que hace bien el sector empresarial en impugnar esta situación. Determinar un salario mínimo fuera de la realidad productiva provoca más inflación, más subempleo y más informalidad. Si el salario mínimo se basa en la productividad resulta autosostenible y contribuye a atraer la inversión extranjera y nacional, mientras que la imposición de salarios fuera de la realidad productiva crea más inflación, desalienta la inversión y genera más informalidad y mayor desempleo.
En “el reino de lo ilógico”, como llamaba Pablo Antonio Cuadra (PAC) a Nicaragua, los buenos ejemplos no se generalizan ni se aprovechan las mejores experiencias, como por ejemplo el de la Zona Franca. Allí, desde el año 2009 se ha hecho a un lado la desfasada ley del salario mínimo y se han consensuado salarios multianuales, los cuales no se ajustan a una fórmula matemática errónea que omite el factor clave de la productividad. Allí se está cumpliendo un reajuste salarial realista, que contribuye a posicionar a Zonas Francas como el principal sector exportador del país, el que genera el mayor porcentaje de empleos formales de Nicaragua, con el Seguro Social incluido, y compensa a sus trabajadores de acuerdo con sus capacidades, habilidades y destrezas, no con una tabla salarial mínima que más bien perjudica a todos.
El salario de acuerdo con la productividad es un principio que no se debería obviar, si realmente se quisiera fortalecer la economía nacional para favorecer tanto a los trabajadores como al sector empresarial.
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