Líderes de gremios empresariales y organizaciones civiles pidieron ayer justicia tras el arreglo entre las autoridades judiciales y el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien reconoció haberse enriquecido de forma ilícita.
El lunes, la defensa de Moncada y el fiscal del caso, el diputado Pedro Miguel González, llegaron a un acuerdo con el cual Moncada aceptó los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica, a cambio de tener una condena de cinco años de cárcel. El acuerdo lo exime de los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública.
“Nos preocupa que se desestimen otros cargos contra la administración pública, posiblemente los más importantes para la sociedad“, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ford.
En octubre, Moncada fue separado de su cargo por el Congreso y puesto en detención domiciliar, tras ser imputado por blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.
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