La Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), protestó fuertemente por la exclusión de hecho de las empresas constructoras nacionales, que la Alcaldía de Managua pretendía hacer en la licitación para la construcción del nuevo estadio nacional, cuyo costo será de treinta millones de dólares.
Para los atletas que competirán en ese estadio y las personas que ocuparán sus graderías para ver los espectáculos deportivos, es irrelevante qué empresa será la que lo construya. Lo importante es que se construya bien, de acuerdo con los estándares internacionales.
Sin embargo, para el interés nacional sí es importante que esa obra la construyan empresas nicaragüenses, que sea licitada con equidad y transparencia y que el contrato no se otorgue a alguna empresa privilegiada, nacional o extranjera, por turbios intereses de la Alcaldía de Managua o del Gobierno Central. Y en este sentido a los deportistas y a los aficionados a los espectáculos deportivos les debe interesar que la construcción del nuevo estadio corra a cargo de empresas y trabajadores nicaragüenses.
Según la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Cosep, los principales requisitos para la licitación que había impuesto la Alcaldía de Managua, no estaban al alcance de los constructores nicaragüenses. Por ejemplo, la exigencias de que las empresas contratistas tuvieran activos que sumen el doble del costo de la obra, o sea sesenta millones de dólares, que las empresas constructoras no pudieran asociarse en consorcio para licitar, tener experiencia en construcción de estadios iguales al que se va a construir, lo cual seguramente es válido en Estados Unidos pero absurdo en Nicaragua, y la exigencia de que las empresas hubieran realizado al menos cinco proyectos cuyos costos representen la mitad del estimado para el nuevo estadio, es decir, quince millones de dólares.
El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Rodrigo Pereira, dijo al respecto que con esos requisitos “están inhibiendo la participación de las empresas nicaragüenses, por tanto consideramos que lo que están haciendo es dar prioridad a las empresas extranjeras o a X empresa”. Y lo mismo sostuvo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
El reclamo de los constructores ha sido justo. Tan legítima ha sido su protesta que así lo debió reconocer el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, enlace del gobierno con el sector empresarial y específicamente con el Cosep. Arce, al igual que los empresarios consideró que eran exageradas las bases establecidas por la Alcaldía de Managua para licitar la construcción del nuevo estadio y prometió a los empresarios que hablaría con Daniel Ortega, para corregir de manera operativa esa anomalía. Y ayer mismo el comisario orteguista en la Alcaldía de Managua, anunció la rectificación de sus absurdos requisitos para la licitación.
La solución operativa que logró Arce por medio de Ortega confirma que ya no hay autonomía municipal en Nicaragua. Y esto también hay que denunciarlo, aunque el atropello a la institucionalidad fuese en beneficio de los empresarios y los trabajadores de la construcción.
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