En enero se venció el último periodo especial, de seis meses, abierto por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, para que los empresarios agrícolas se inscribieran en un registro y luego ordenaran los papeles de sus trabajadores extranjeros.
Solo 2.25% acudió el llamado, una ínfima parte de los 2,500 patronos agrícolas registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los cuales emplean anualmente a unos 75 mil trabajadores solo para levantar la cosecha. La mitad o más son nicaragüenses y panameños indígenas.
Desde el año 2012, Costa Rica abrió estos transitorios o periodos especiales de ordenamiento migratorio, pero igual hubo pocos permisos laborales otorgados a extranjeros. Por un lado, los interesados no aplicaban por falta de requisitos y por otro, sus patronos no los apoyaron.
La ley migratoria actual deja en manos del patrono la posibilidad de que un trabajador extranjero tramite un permiso laboral en áreas que la DGME permite. Sin una carta patronal una servidora doméstica o peón agrícola no puede hacer esta gestión.
En esos procesos, la DGME otorgó unos 10 mil permisos de trabajos a extranjeros, casi todos a nicaragüenses que laboran en servicio doméstico, construcción y agricultura. Los datos son mínimos comparados a los 35 mil o más extranjeros que trabajan en fincas, más de 120 mil en la construcción y unas 90 mil servidoras domésticas.
La directora de Migración, Kathya Rodríguez, ha lamentado en reiteradas ocasiones que cámaras empresariales, asociaciones y hasta el Ministerio de Trabajo, no hayan apoyado suficientemente la atracción de trabajadores y patronos a estos procedimientos.
La directora del Servicio Jesuita para Migrantes sede Costa Rica, Karina Fonseca, opina que el gobierno costarricense debe obligar a los patronos a acatar la ley para que legalicen a su mano a esta mano de obra y le cumplan con sus derechos laborales como seguro social y salario mínimo, dado la falta de apoyo de los empresarios a estos procesos especiales migratorios.
Esta desidia patronal evidencia que durante los últimos años el modelo impuesto por la DGME para dar permisos de trabajo no funciona, por la cantidad y complejidad de los requisitos requeridos, los altos costos que deben pagar los usuarios en el trámite y la falta de sensibilidad de los empleadores para asumir sus responsabilidades, según Fonseca.
Ella aboga por el papel gubernamental en estos casos, comprometiendo más a los patronos y repensando cómo hacerlo sin perjudicar a los trabajadores extranjeros, reduciendo trámites burocráticos y ampliando las áreas en las que se otorga permisos de trabajo como la seguridad privada, un sector que atrae a miles de nicaragüenses.
La presidenta de la Cámara Nacional de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Laura Bonilla, reconoce varios factores que influyen en la falta de apoyo empresarial a sus trabajadores, como la preocupación patronal de entregar información sensible, falta de personal para estas gestiones en las empresas, y trabas institucionales en la DGME para darle cumplimiento al registro, entiéndase lo engorroso y alto costo de un trámite de permiso temporal.
“Cadexco ha venido ofreciendo su plataforma de servicios para realizar y agilizar estos trámites de manera que las empresas que así lo requieran puedan cumplir con lo que establece la Dirección General de Migración y Extranjería. Igualmente reafirmamos nuestro interés de continuar los trabajos de mejora para la actual regulación migratoria”, mencionó Bonilla.
La Cámara de Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), alega que los cortos periodos para levantar la cosecha impiden regular el trabajo de los extranjeros.
Esto ha sido una queja recurrente del sector, dado que los braceros no son siquiera estables en una finca agrícola. Cambian continuamente de sitios de trabajo durante la cosecha. Cuando la DGME aprueba el permiso que como mínimo dura seis meses, la temporada ya pasó y el patrono. El alto costo y lo engorroso también son parte de las quejas.
La Cámara de la Construcción ha dado capacitaciones a sus afiliados para que la empresas cumplan con sus responsabilidades patronales, mientras que la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) brinda acompañamiento a las servidoras para que se documenten y hagan valer sus derechos.
Para Fonseca, los permisos de trabajo deben estar en manos de los trabajadores porque al depender de gestiones patronales, usualmente no hay interés o preocupación por hacerlas.
A Costa Rica le interesa tener legalizada a la mano de obra extranjera. Por un lado porque los exportadores logran mayor producción y más competitividad en los mercados adonde envían sus productos, según la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz.
Por otro, según la viceministra, porque le garantizan sus derechos y a la vez se comprometen en sus deberes.
El estado también logra mayor recaudación. Un fiel ejemplo es el aumento de afiliados extranjeros a la Caja Costarricense de Seguridad Social, desde que la ley migratoria vigente desde 2010 obliga a registrarse a esta dependencia a todo extranjero que tramita o renueva su cédula de residencia o permiso de trabajo.
A los patronos parece importarle las multas económicas a las que se exponen contratando mano de obra extranjera irregular, contemplada en a misma ley.
El problema de la falta de derechos laborales de los nicaragüenses en Costa Rica es más complejo y está asociado a la una realidad que también sufren los ticos.
El Vigésimo Informe Estado de La Nación publicado el año pasado, reveló que los pobres, quienes tienen menos de 25 años y los inmigrantes en especial si laboran en agricultura, construcción o servicio doméstico; son quienes más sufren estos incumplimientos.
“Pobres extremos, jóvenes e inmigrantes sufren mayor incumplimiento de garantías. El desempeño del mercado laboral se analiza desde la óptica de las brechas, tanto en el acceso (desempleo) como en la calidad del empleo (cumplimiento de garantías)”, reza parte del texto que usa datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
La falta de derechos pasa por los problemas de documentación en el caso de los nicaragüenses, según Fonseca. “Hay un antes y un después de la obtención de una residencia o permiso de trabajo”, explica Fonseca.
Los nicaragüenses son el grueso de la población migrante del país. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) dice que son 287,766 los que aquí viven y representan el 74.6 por ciento del total de inmigrantes residentes, calculado en 385,899 extranjeros.
Se sitúan entre la población vulnerable al irrespeto de sus derechos laborales, aunque el Estado de La Nación no hace menciones de nacionalidad y quienes tampoco son todos lo que están en estas condiciones.
La mayoría son pobres, muchos originarios de zonas rurales de Nicaragua. Sus fuentes de empleos siguen siendo las mismas: agricultura, servicio doméstico, construcción, seguridad y hasta comercio.
El sociólogo costarricense Carlos Sandoval, dice que en el país hay una cultura de impunidad de los patronos al no pagar siquiera los salarios mínimos.
“Ni el ministerio de trabajo ni la Caja Costarricense de Seguridad Social realmente se han propuesto modificar esto. El Poder Ejecutivo ye este gobierno no está haciendo ninguna propuesta innovadora para persuadir al empresariado de mejorar salarios de los sectores que menos ganan”, apuntó.
“Estamos ante un sistema que produce mucha riqueza y redistribuye menos Eso crea más desigualdad (…). Es realidad negativa tanto para costarricenses como para nicaragüenses”, puntualizó.