La investigación sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman sumó ayer un nuevo capítulo marcado por los cabos sueltos que aumentan la confusión sobre el caso, mientras que desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se insiste en la hipótesis de que no fue un suicidio.
Según un comunicado de la fiscal Viviana Fein, luego de reiterados intentos por ubicarlo, la Justicia prohibió ayer salir del país a Diego Lagomarsino, el colaborador que el sábado entregó al fiscal el arma hallada junto al cadáver y que presuntamente fue la última persona que le vio con vida.
Pocos minutos después, Lagomarsino llamó a Fein por teléfono para disipar las dudas sobre su paradero e informarle de que estaba en casa de un amigo.
En la investigación ha habido desde las contradicciones sobre las cerraduras de las puertas del domicilio de Nisman, donde fue encontrado muerto, hasta la presencia en la escena del secretario de Seguridad antes de la llegada de los peritos judiciales.
También la ineficacia de la custodia policial de Nisman, que, por ejemplo, no revisó las pertenencias de Lagomarsino cuando le visitó y le llevó la pistola. Según su versión, Nisman le aseguró que el influyente exdirector de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Jaime Stiusso le había prevenido de las personas que lo custodiaban.
Después de que las pruebas no detectaran restos de pólvora en las manos de Nisman, la fiscal espera el resultado del peritaje que determinará definitivamente si el proyectil extraído del cuerpo corresponde con el arma hallada y el cotejo del ADN.
Además, se dispusieron nuevas medidas para recolectar pruebas, aunque se mantendrán en reserva los detalles para garantizar el éxito del procedimiento, según Fein.
Mientras, la exmujer de Nisman, la juez Susana Arroyo Salgado, prestó ayer de nuevo declaración y pidió ser aceptada como querellante particular en nombre de sus hijas. Su testimonio es clave para aclarar los motivos por los que Nisman interrumpió precipitadamente sus vacaciones en Europa el 12 enero y regresó a Buenos Aires, donde el 14 presentó una denuncia contra Fernández; el canciller, Héctor Timerman y otros dirigentes oficialistas.
Nisman acusó a Fernández de orquestar un plan de encubrimiento a los supuestos terroristas iraníes responsables del ataque contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, a cambio de presuntamente intensificar las relaciones comerciales con Irán.
Nadie quería más que Nisman viviera y contestara las preguntas (de diputados) que la presidenta y yo, escribió ayer Timerman en Twitter, tras cuatro días de silencio.
El Gobierno cerró filas para defender la hipótesis de la presidenta, quien el jueves en un giro radical, denunció que la muerte de Nisman responde a una conspiración contra el ejecutivo. El Gobierno insistió en desacreditar la denuncia presentada por Nisman, que, según el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, no elaboró el fiscal porque un hombre formado y con experiencia en el derecho no pudo haber escrito esa burrada, que según él se apoya en informaciones difíciles de demostrar.
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