La investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien la semana pasada acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a Irán en la causa por el ataque a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, ha puesto en el ojo del huracán al Gobierno.
La oposición exigió la comparecencia ante el Congreso del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien accedió al apartamento de Nisman el día de su muerte antes que la fiscal de guardia.
Berni declaró que “no sabía” si Nisman estaba muerto mientras estuvo en el salón de la casa junto a la madre de Nisman, la primera en entrar. Agregó que tuvo la certeza de su fallecimiento cuando entró la fiscal y comprobó que el cuerpo no tenía pulso.
También declaró sobre la polémica por un comunicado del Ministerio de Salud que aseguró que dos ambulancias del servicio de emergencias acudieron en ocasiones diferentes el domingo en la noche al apartamento del fiscal pero la Policía no les permitió acceder a la casa.
La rapidez del Gobierno por apuntar hacia un suicidio, con la sospecha de que pudo haber sido inducido, se ha vuelto en contra tras la aparición de pruebas no concluyentes, como el barrido electrónico que descartó la presencia de pólvora en las manos del fiscal y la nota con tareas para el lunes supuestamente destinada a una doméstica.
El tercer acceso al apartamento de Nisman descubierto ayer por investigadores y la declaración del cerrajero de que la puerta de servicio no estaba enllavada añadieron confusión.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, insinuó ayer que Nisman pecó de ingenuo al creer en la existencia de una “doble SIDE (Secretaría de Inteligencia)” y volvió a desvincular a los agentes que aparecen en la denuncia.
Sin embargo, uno de los supuestos espías, Ramón Allan Bogado, admitió en declaraciones reproducidas por el diario Clarín haber mantenido contactos con otros tres denunciados: la presidenta argentina, el militante Fernando Esteche y el exagregado cultural iraní Jorge Khalil, al que Nisman identificó como “agente proiraní” en la denuncia.
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