El 24 de diciembre, en lugar de prepararse para celebrar Navidad con su familia, los campesinos de El Tule sufrieron un violento desalojo ejecutado por la Policía Nacional cuando protestaban en contra de la construcción del Gran Canal en el kilómetro 260 de la carretera Managua-San Carlos.
Por esta razón más de cincuenta de estos ciudadanos resultaron heridos o fueron perseguidos y encarcelados, además de que sus pertenencias fueron retenidas por la Policía Nacional.
Este lunes, dos miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) viajaron a El Tule para reunirse con Danilo Lorío, Jairo Lazo, Manuel Vega y Antonio Orozco, cuatro de los últimos pobladores en ser liberados de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
“El comisionado no nos quiso recibir, nos mandó a un subordinado que dijo que las cosas que no habían aparecido están investigando a dónde las tienen. Ni ellos mismos saben dónde están”. Danilo Lorío, poblador de El Tule.
Los cuatro campesinos denunciaron ante la CPDH lo sucedido, “el motivo (de la visita) fue venir a recopilar información y denuncias de todos los golpeados que no pudieron llegar a la capital. Ellos (la CPDH) recopilaron información de cómo los golpearon, van fotos, evidencias de todo”, expresó Lorío.
Los miembros de la CPDH también los acompañaron a la estación policial de San Carlos a que reclamaran sus pertenencias, pero el comisionado mayor Julián Lumbí, jefe de la Policía Nacional de Río San Juan, no los atendió, sino que lo hizo el jefe de Auxilio Judicial.
“Ellos (los policías) se burlaron de nosotros y nos dijeron: aquí hay unas piedras, hay palos con clavos, ¿eso quién lo va a reclamar?”, contó Antonio Orozco, líder de las protestas en El Tule y quien reclama “billetera con 1,840 córdobas, mi par de botas vaqueras y mi cédula”.
Ayer únicamente fueron entregadas dos motos retenidas por la Policía de San Carlos, Río San Juan, desde el 24 de diciembre.
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