En vista de que Estados Unidos y Cuba han dado pasos para normalizar sus relaciones y quizá poner fin a un embargo comercial de medio siglo, la empobrecida nación caribeña podría permitirse pagar a los estadounidenses cuyos activos fueron nacionalizados luego de la revolución de 1959 quizá un dos por ciento del valor de las propiedades expropiadas.
Es por eso que los negociadores cubanos y estadounidenses probablemente busquen la manera de indemnizar a compañías como Coca-Cola Co., que perdió 27 millones de dólares en maquinarias y propiedades, y a particulares como Carolyn Chester, cuya familia perdió una granja de 32 hectáreas en la zona que en ese momento se conocía como Isla de Pinos.
El sorpresivo anuncio del presidente Barack Obama, de que Estados Unidos buscará establecer relaciones diplomáticas con Cuba y flexibilizar las restricciones económicas, volvió a poner sobre el tapete una cuestión que en gran medida había pasado al olvido en las décadas transcurridas desde que Fidel Castro tomó el poder y nacionalizó activos de propiedad extranjera.
Estados Unidos reconoce más de 5,900 demandas contra Cuba basadas en la expropiación de propiedades pertenecientes a estadounidenses luego de la revolución, según la Comisión para la Resolución de Demandas Exteriores, división del Departamento de Justicia. Las demandas sumaban alrededor de 1,800 millones de dólares en aquel momento; hoy día el total asciende a 7,000 millones con los intereses.
Más del 80 por ciento de las demandas fueron presentadas por particulares, de acuerdo con un estudio de 2007 realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. Las de mayor monto corresponden a empresas. Incluyen pérdidas de 71 millones de dólares sufridas por la compañía entonces denominada Exxon Corp. por la expropiación de una refinería de petróleo en el Puerto de La Habana y una demanda por 267 millones de dólares de Cuban Electric Co.
Conforme a la Ley Helms-Burton de 1996, Estados Unidos no puede levantar su embargo de décadas —en parte impulsado por las expropiaciones dispuestas por Castro— hasta que los gobiernos cubano y estadounidense no acuerden resolver las demandas pendientes.
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