Es un día como cualquier otro en Managua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) está atestado de gente. Para Vilma Núñez, presidenta de esta institución, esta situación grafica el deterioro de los derechos humanos en el país, con la afluencia de víctimas que acuden todos los días en busca de asesoría. Igual con los grupos que de forma constante protestan en las afueras de la residencia del presidente inconstitucional Daniel Ortega, por algún derecho violentado.
Tanta es la cantidad de gente que acude a diario al Cenidh que Núñez dice: “No parece siquiera un centro de derechos humanos, sino un centro de salud en tiempos de epidemia”. A su vez, señala que el hecho de estar ubicados en el perímetro de seguridad de la residencia de la familia Ortega Murillo, les ha permitido conocer que las protestas son cada vez más frecuentes.
Patricia Orozco, una de las autoras, señala que si bien es cierto que en Nicaragua no hay asesinatos de periodistas, hay otras formas de ejercer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, entre las que menciona la persecución, el acoso, las amenazas, la vigilancia y espionaje.
El que autoridades locales, por ejemplo, nieguen la libertad a emisoras o televisoras locales, lo que hacen es chantajear a los dueños, lo que provoca censura y autocensura, lo cual es violencia directa.
Otro dato que Orozco consideró importante, es el hecho de que hay periodistas exiliados, o periodistas expulsados del país, de lo cual muy poco se habla en el país. [/doap_box]
“La gente está protestando, aquí vienen con sus carteloncitos, que ahora los frijoles, que ahora el pollo, que ahora el esto… pero no ha habido una clase política que sea capaz de encauzar ese descontento. Y se dispersa”, critica Núñez.
El aumento en la denuncia permite a los organismos de derechos humanos hacer una radiografía de lo que pasa en el país, pues a criterio de Núñez: “Refleja la realidad, dura y cruel, de la situación deteriorada en materia de derechos humanos que vive la población”.
Aunque Núñez identifica los casos emblemáticos registrados durante el presente año, reconoce que las víctimas denuncian todo tipo de casos que van desde problemas de carácter laboral, de violaciones al derecho al trabajo hasta torturas en centros penitenciarios y policiales, detenciones ilegales, falta de acceso o retardación en la justicia, afectación al derecho a la propiedad y desalojos ilegales.
«En Nicaragua se están violando derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, continúa el secretismo, el hostigamiento, la obstaculización a los periodistas independientes”. Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
“Ya no se puede decir que aquí son hechos aislados los que caracteriza la situación de derechos humanos, sino que prácticamente ya hay una sistematicidad y un comportamiento violatorio”, apunta Núñez.
A dos días de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, este año que está por concluir significó para los organismos de derechos humanos un deterioro para la seguridad nacional y para la seguridad de las personas, donde la impunidad prácticamente se apoderó del país. Núñez mostró preocupación porque “la tortura” se ha convertido en un mecanismo “de represión” y “un método de investigación”, para lo cual los sospechosos son sustraídos de su jurisdicción y trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ubicadas en Managua.
Y un hecho que la defensora de derechos humanos resalta, y califica de “criminal” y “del más alto nivel de traición a la patria”, es la situación que viven miles de personas con el proyecto del Gran Canal, pero que ella estima quedará “como un engaño, una estafa a la población haciendo creer que esto va”.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), también destaca este caso. Hemos visto cómo este Gobierno sin importar la soberanía ha entregado el país en manos de un chino que no sabemos la procedencia. “Vendrán las confiscaciones, los pueblos serán desarraigados de sus comunidades y con esto están violentando los derechos humanos”, augura Carmona.
El tema del Canal servirá para que este 10 de diciembre diferentes sectores de la sociedad nicaragüense se movilicen en defensa de sus derechos, pero sobre todo en rechazo al Gran Canal.
“Hay un deterioro y retroceso en materia de derechos humanos”. Y lo peor, concluye el representante de la CPDH, es que la población está en indefensión y apunta que en materia de justicia, por ejemplo, la Policía perdió el profesionalismo, reprime a los ciudadanos y violenta todos los procedimientos legales. “Hoy tenemos una Policía partidaria, una Policía que rinde informes solo a un partido político”, expresa Carmona.
El sector laboral tampoco escapa de las violaciones que padecen los nicaragüenses, dice el dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez.
“No hay respeto a los convenios, tratados y declaraciones en materia de derechos laborales, que son derechos humanos”, expone Leiva Sánchez, quien indica que no se aprecia una voluntad de parte del Gobierno de respetar los derechos constitucionales, laborales, sindicales y de seguridad social de los trabajadores nicaragüenses.
Aunque Leiva Sánchez considera que, sin excepción con el actual Gobierno, se le ha violentado los derechos a los trabajadores, los más afectados a su criterio son los trabajadores públicos, que han tenido que enfrentar inestabilidad laboral, discriminación, represalia, no tienen derecho a la libre organización, sino es a grupos afines a la línea ideológica del Gobierno, lo cual “no abona a la paz social que cada día está en peligro de perderse en el país”.
«Todas esas anomalías. toda esa falta de compromiso, falta de respeto a la Constitución y falta de respeto a las leyes, es lo que tiene a los nicaragüenses en un estado de indefensión y los funcionarios abusan de su autoridad”. Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH.
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