Más reformas a LCT

«Ellos han logrado mantener lo que es importante para ellos y a quienes le están creando inestabilidad es al resto de sectores, sobre todo a los sectores que no tienen la capacidad de negociación que tiene el Cosep con el Gobierno». Adolfo Acevedo, economista.

La Ley de Concertación Tributaria (LCT) sufrirá el próximo año al menos otras dos reformas, pese a que la misma apenas tendrá tres años de vigencia, lo que deja en evidencia, según economistas consultados por LA PRENSA, la ineficiencia de esta, y peor aún, crea un entorno de incertidumbre para los inversionistas y los sectores que no tienen poder de negociación con el Gobierno, acaparado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

[doap_box title=»La reforma de 2015″ box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, anunció ayer que entre enero y marzo de 2015 revisarán con el Gobierno las listas taxativas de los productos exonerados, a fin de actualizar qué debe seguir con el beneficio, así como su extensión.“Nos hemos propuesto que para la primera semana de febrero vamos a recibir (del Gobierno) ese proyecto ya revisado de las listas y nosotros en febrero a nivel del sector privado vamos a terminar de valorar y revisar esa lista y ya en marzo deberíamos presentar en la Asamblea el mecanismo para que el 31 de marzo esto quede listo”, indicó ayer Aguerri.

Además a finales de 2015 deberá incorporarse en la Ley Tributaria el mecanismo de aplicación de los precios de transferencia para ser aplicado en 2016, lo cual implica otra modificación a una ley.

“Para que ya se preparen las voces de siempre (que critican), lo estamos diciendo desde hoy, que habrá otra reforma vinculada a los precios de transferencia y si por supuesto, si hay algo (que también necesita cambiarse) que se pueda aprovechar en ese momento lo haremos”, dijo Aguerri.

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La Ley de Concertación Tributaria, que entró en vigencia en 2012, sufrirá este mes su primera reforma, la que deja a las pymes del sector textil y de calzado gravadas con IVA.

El economista Adolfo Acevedo recuerda que “una de las características que debe tener un sistema tributario es que debe crear estabilidad y certidumbre” a las actividades económicas e inversionistas, “porque las constantes reformas lo que crean es una gran inestabilidad”.

CAMBIAN REGLAS DEL JUEGO

Y muestra de ello, según Acevedo, es que hasta este año las pymes de calzado y textil gozaban de la exención del IVA en sus productos terminados y el próximo año tendrán que asumir otra realidad fiscal, lo que ocasiona incertidumbre. “Ayer las pymes estaban eximidas, mañana están gravadas. Esto es un impacto tremendo”, afirma.

Otro ejemplo de los constantes cambios en las reglas del juego para las actividades económicas es en el caso de las cooperativas. “Las cooperativas ayer tenían acceso al crédito tributario del 1.5 por ciento del valor de las exportaciones, hoy ya no lo tienen (con la reforma fiscal que se aprobará la próxima semana). Esto crea una gran inestabilidad”, según Acevedo.

Para el economista, el Cosep no se ha opuesto a las constantes reformas a la ley fiscal porque ha logrado proteger sus propios intereses y muestra de ello es que en la reforma que se discutirá y aprobará en la Asamblea Nacional logró lo que buscaba: las exoneraciones indefinidas.

DIPUTADO DE LA BAPLICUESTIONA REFORMAS

En eso coincide el diputado de la Bancada Alianza Liberal Independiente (Bapli), Eliseo Núñez, quien considera que el Cosep al controlar el poder de negociación con el Gobierno deja en desventaja a los sectores que están excluidos de ese círculo y por tanto son estos los que sufren las consecuencias de cualquier decisión que pacten ambas facciones.

Núñez coincide con el economista Alejandro Aráuz en que el problema de las reformas fiscales que alistan el Gobierno y el Cosep siguen sin tocar el problema de fondo del sistema tributario del país: lograr mayor progresividad en la carga impositiva, es decir, que el que más tenga, más pague.

“Lejos de eso, es una ley fiscal que se va ajustando, se va reformando según los intereses de los grupos fácticos, los ajusten van a obedecer a todo lo que la negociación vaya dando y no necesariamente a todo lo que el país vaya necesitando. El problema del fondo de todo esto es la inestabilidad que se crea, constantemente se están reformando los impuestos en este país y definitivamente esto va a aminorar la inversión, en tanto no se termine de reformar”, afirma Núñez.

FRENTE AL INVERSIONISTA

«En este juego (fiscal) es un estira y encoge entre la empresa privada y el Gobierno, y los sectores medios, los excluidos son los que terminan pagando las consecuencias de esto». Eliseo Núñez, diputado y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

El legislador recuerda que mientras un inversionista, ya sea nacional o extranjero, no esté claro de cuáles son las reglas fiscales sobre las que va a invertir en el país, “no va a sacar un peso”. Si bien Núñez considera que los sectores excluidos pueden sentirse representados a través de las fuerzas políticas independientes en la Asamblea Nacional, lo cierto es que el poder legislativo está dominado por el partido de Gobierno y sus aliados.

Por su parte, Aráuz explica que el problema no es que se mantengan las exoneraciones a los sectores productivos, por el contrario, cree que es necesario seguir apoyando a los sectores, pero cree que debe haber “correspondencia entre la política de incentivos y las intervenciones lógicas presupuestarias del Estado para poder mejorar” las ineficiencias de las actividades productivas.

“Yo no veo ninguna intención de hacer cambios fundamentales en los esquemas, tanto de los tributos de los impuestos directos, como de los impuestos indirectos”, considera Aráuz.

“El Estado ha sido incapaz de incidir en una administración correcta de la aplicación de estos incentivos en el sector productivo, entonces esto se utiliza de una manera muy discrecional por parte de los sectores (…)”, afirma el economista.

Acevedo, Núñez y Aráuz consideran que no se deben continuar haciendo reformas a la medida de los intereses de determinados sectores, sino cambios fiscales más integrales y aplicables a largo plazo.

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